La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia ratificó la resolución judicial de detención domiciliaria de 24 meses impuesta contra la ex primera dama Nadine Heredia, quien viene siendo investigada en la Fiscalía en el caso Gasoducto Sur, donde se indagan acerca de presuntos sobornos vinculados a la empresa brasileña Odebrecht.
En efecto, por medio del expediente n° 00003-2017-59-5001-JR-PE-02, emitido el último 10 de diciembre, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolvió declarar infundada la solicitud de variación de detención domiciliaria por comparecencia con restricciones formulada por la defensa de Nadine Heredia, por los presuntos delitos de colusión agravada, y otros en agravio del Estado peruano.
Es así que el pedido emitido por Heredia Alarcón al juez John Pillaca Valdéz, el pasado 10 de noviembre, fue desestimado por el Poder Judicial, por lo que deberá mantener la orden de detención, ya que, según señala el documento, se considera que la también esposa del expresidente Ollanta Humala “podría generar peligro de obstaculización contra los testigos y documentos que viene obteniendo la Fiscalía del acuerdo de colaboración con Odebrecht y la cooperación penal internacional”.
“Esta clase de peligro consiste en un peligro concreto y no abstracto, por lo que el juez no ha explicado por qué no se ha garantizado la prueba, a pesar de que ya declararon otros testigos o existen otros mecanismos alternativos como la prueba anticipada”, se lee en el documento.
Nadine Heredia Alarcón viene siendo investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión, pues la Fiscalía sostiene que integró una organización criminal entre 2011 y 2015 junto a Ollanta Humala para beneficiar a Odebrecht en el proyecto Gasoducto Sur.
“Como parte del despliegue de acciones para liderar el proyecto de transporte de gas a través de ductos en la zona sur, Odebrecht encontró un punto en común con el Gobierno de Ollanta Humala Tasso que ofreció el gas para todos. Esto propició acercamientos y reuniones”, señala.
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El abogado defensor de Heredia alegó, además, que no se valoró el transcurso del tiempo en la diminución de este peligro, toda vez que se habría cumplido la mitad del plazo inicialmente establecido en setiembre del 2020.
No obstante, el Poder Judicial señala que se incurre al error al desconocer la disminución de la proporcionalidad de la detención domiciliaria al afectar su derecho a la salud, a través del tratamiento médico que recibe la ex primera dama. Si bien la Sala reconoce el tratamiento, la defensa no presenta una base científica para afirmar que “estos pueden ser solucionados manteniendo la medida coercitiva”.
Por otro lado, se sostiene que “el pedido de variación de la detención domiciliaria” contra Nadine Heredia “no puede incrementar el riesgo de contagio de COVID-19, debido a la vulnerabilidad de la imputada” por lo que “permitir su libertad ambulatoria con la comparecencia con restricciones podrá significar lo contrario”, más aún si estamos ante una eventual tercera ola de la pandemia.