La Comisión de Constitución aprobó ayer un dictamen para realizar ajustes a la Ley 26300 sobre participación ciudadana, a fin de asegurar que las iniciativas de referéndum sobre reformas constitucionales pasen necesariamente por el Congreso.
La decisión es adoptada en un contexto en que existen sectores ciudadanos que buscan impulsar el cambio total de la actual Constitución.
El dictamen fue aprobado con once de congresistas de las bancadas parlamentarias Fuerza Popular, Acción Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular y Podemos Perú.
Previamente, el legislador José Jerí Oré (Somos Perú) había pedido seguir invitando a más especialistas en derecho constitucional, para adoptar la mejor decisión, pero esto fue rechazado con votos de miembros de las mismas bancadas.
Para la sesión de ayer fueron invitados a este grupo de trabajo los constitucionalistas Samuel Abad y Hubert Wieland Conroy. Ambos coincidieron en que toda reforma constitucional debe efectuarse conforme al artículo 206 de la Carta Magna. Es decir, debe pasar necesariamente por el Congreso.
También consideraron que esto ya está regulado en el artículo 39 de la ley 26300, razón por la cual no era necesario efectuar mayores modificaciones.
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Samuel Abad también hizo referencia a que no se debe sacar leyes con nombre propio. Esto último fue recogido por legisladores de Perú Libre, que deslizaron que el presente dictamen tiene el único propósito de bloquear las iniciativas de reforma total o parcial de la Constitución vigente.
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En días previos, los especialistas Luciano López y Pedro Grández consideraron inconstitucional este texto. López hizo hincapié en que la actual Carta Magna asume también un modelo de democracia directa y reconoce como derecho constitucional el referéndum para las reformas constitucionales.
Pedro Grández apuntó que el Congreso busca limitar a la ciudadanía para introducir reformas constitucionales a través del referéndum.
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En diálogo con La República, el constitucionalista Juan Manuel Sosa apuntó que el referéndum está reconocido como derecho en la Carta Magna y cualquier ley de desarrollo debe estar orientado a optimizarlo y no a restringirlo, tal como ocurrió con el dictamen aprobado en el grupo de Constitución.
El texto ahora pasará al pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación.
Protesta. La excandidata presidencial Verónika Mendoza cuestionó lo aprobado, al advertir que se está restringiendo el derecho ciudadano del referéndum para reformas constitucionales.