Amnistía Internacional expresa su preocupación por apoyo de las FF. AA. a la Policía Nacional
Resolución Suprema promulgada por el Ejecutivo busca asegurar el control del orden interno y brindar apoyo a las operaciones de la Policía Nacional, pero Amnistía Internacional mostró su preocupación por la intervención de las Fuerzas Armadas.
El Poder Ejecutivo promulgó este martes 19 la Resolución Suprema n.° 191-2021-IN ante la creciente ola delincuencial que viene afectando a Lima y Callao, a través de la cual se dispone la autorización para la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, con el objetivo “asegurar el control y el mantenimiento del orden interno”.
Al respecto, la organización por los derechos humanos Amnistía Internacional emitió un pronunciamiento en el que expresó su preocupación por la medida adoptada por el Ejecutivo. “Amnistía Internacional expresa su preocupación por la resolución que autoriza la intervención de las FFAA, en apoyo de la policía Nacional del Perú, para asegurar el mantenimiento del orden interno en Lima y Callao”, señalaron vía Twitter.
En el artículo 1 de la Resolución Suprema se precisa que se permite la intervención y actuación de las FF. AA. en conjunto con la PNP por el término de 30 días calendario. En el siguiente apartado se esclarece que, “en todo momento”, el control del orden interno permanecerá a cargo de la Policía Nacional. En el artículo tres se indica que los miembros de las Fuerzas Armadas podrán emplear y hacer uso de la fuerza.
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Preocupación por afectación a normas internacionales de DD. HH.
Amnistía Internacional considera que la intervención de las Fuerzas Armadas puede generar un peligro que afecte las normas internacionales de los derechos humanos: “Recordamos al Estado peruano que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar a cargo de la policía y que las normas internacionales de DDHH exigen asegurar que el uso de las FFAA, en labores de seguridad pública, sea estrictamente excepcional”.
En la norma se aclara que lo promulgado no implica “la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú”, ni de las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos a los que pertenece nuestro país.