Exigen transparentar el financiamiento de partidos políticos

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al cierre de esta nota, aún no daba luces sobre en qué gastaron los partidos políticos su financiamiento público directo. Para acceder a dichos documentos, la prensa ha enviado oficios, avalados por la ley de acceso a la información, pero eso no basta.

Esto toma relevancia porque se ha destapado cómo algunas organizaciones políticas han usado el subsidio del Estado para pagar servicios, consultorías y hasta estudios de sus allegados.

El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, y el secretario de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, consideran que, para encontrar una solución o plantear un ajuste a la norma, la ONPE debería publicar, cuanto antes, los reportes del financiamiento.

“Deberíamos aspirar a tener toda la información. Habría mayor escrutinio de la ciudadanía (…) Aquí yo creo que la ONPE va a tener que revisar esta situación y armar una suerte de portal de datos abiertos”, dijo.

El debate sobre qué hacer al respecto podría encontrar mejore respuestas, pues, asegura Rotta, “la transparencia activa de publicar en la web, sin que te la pidan, facilita eso”.

“Sin duda, imagino que la ONPE está elaborando aún los informes que tiene de la información de este año. Es probable que estén sobrepasados”, respondió Lanegra.

Fernando Tuesta, exjefe de este organismo electoral, demanda que se investigue el uso de estos recursos y quiénes fueron contratados para brindar capacitaciones, hacer investigación y otros servicios de los partidos políticos. “Esto es solo la punta del iceberg (…) Se deben proponer ajustes”, manifestó a Epicentro TV.

El último domingo, ‘Punto final’ reveló que Fuerza Popular, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Frente Amplio usaban el financiamiento del Estado para pagar servicios de sus dirigentes y hacer propaganda.

La ley de organizaciones políticas estipula que la distribución de este subsidio es de la siguiente manera: luego de la elección congresal, se crea un fondo administrado por la ONPE, donde por cada voto se dispone del 0,1% de UIT. Luego se distribuye el 40% en partes iguales en todos los partidos que lograron representación en el Congreso y el 60% se reparte en proporción a quién obtuvo más escaños.

Los partidos deben utilizar hasta el 50% del subsidio para pagar inmuebles y otros servicios, y el otro 50% para solventar capacitaciones, investigación y difusión programática.

Un gráfico elaborado por Tuesta muestra que para el periodo 2022-2026 el Estado destinará S/ 77 millones. Sumando lo gastado desde el 2017, la cifra asciende a más de S/ 138 millones.

Para el exvocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jorge Jáuregui, el problema es que hay vacíos en la ley. Jáuregui se refiere al caso de FP, el cual pagó maestrías a su cúpula dirigencial, bajo la excusa de capacitación. “La formación de cuadros no pasa porque tengas una maestría, sino porque las personas que militan en un partido hayan desarrollado la visión programática del partido. En vez de pagar una maestría, deberían financiar un congreso”, enfatizó.

Para José Tello, abogado en derecho electoral, el fondo del asunto está en mejorar el reglamento sobre “cómo se va a utilizar ese dinero”. “Por ejemplo, poner topes para rubros. ¿Quiénes serán proveedores de los partidos? Debería haber una lista. Siento que no se está trabajando en ese punto”, lamentó.

Reacciones

Iván Lanegra, Transparencia

“Creo que bastaría con agregar en la ley una línea, en la que se señale que la ONPE aplicará las reglas de las contrataciones públicas al uso de los fondos públicos por parte de los partidos”.

Samuel Rotta, Proética

“El financiamiento público de partidos políticos está vigente desde hace varios años. Es absolutamente necesario que los partidos se den cuenta de que deben manejarse con mucha prolijidad”.