Luego del fallecimiento del cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, han surgido especulaciones sobre qué debería hacer el Estado con los restos a fin de evitar que con estos se genere algún tipo de apología al terrorismo. El extitular del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, habló sobre el proyecto de ley que ha presentado el Ministerio Público para este tipo de procedimientos.
“Es un proyecto que modifica el artículo 114 de la ley general de salud y no es específico ni relacionado a ningún delito como podría ser delito de lesa humanidad, terrorismo etc,. Habla de la entrega de la exhumación de restos (...), tiene que haber un dispositivo legal que le permita al juez o al fiscal tomar una decisión debidamente fundamentada (...) porque se trata de la conservación que en cenizas podrían también dar lugar a actos de apología que es lo que se trata de evitar”, manifestó a RPP.
En este sentido, reiteró que era necesaria una ley dictada por el Congreso a fin de evitar responsabilidades a futuro por parte de los ministros que refrenden ese decreto supremo.
Consideró también que este proyecto de ley presentado por la Fiscalía puede ser enriquecido con las propuestas del Ejecutivo y algunos parlamentarios.
“Lamentablemente existe un vacío en nuestra legislación, lo oportuno hubiera sido que cuando se cree la figura del delito de apología al terrorismo podría haberse establecido en el código penal algunas disposiciones relativas a esa disposición, que es inédita, y que debía haberse previsto”, explicó.
La Fiscalía de la Nación presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 114 de la Ley General de Salud para que jueces y fiscales dispongan de cadáveres en caso de que puedan afectar el orden público.
Debido al deceso de Guzmán, y tomando en cuenta el vacío legal que existe respecto a los cadáveres que podrían significar un riesgo para la sociedad en caso de una entrega del cuerpo o un acto funerario, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, realizó esta propuesta al Legislativo.
“El juez o el fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres, cuyo traslado, funerales o inhumación pudieran poner en grave riesgo la seguridad o el orden público”, señala la iniciativa.