Por Alonso Collantes
El último ocho de julio, el juez norteamericano Thomas S. Hixson recibió una solicitud del expresidente Alejandro Toledo para que se rechace su extradición por el caso Odebrecht, en el que está acusado por recibir US$35 millones de la constructora brasileña y por el que podría estar 20 años y medio en prisión.
Para fundamentar su propuesta y evitar su retorno al Perú, Toledo esbozó un esquema con su defensa para mostrar una ruta alternativa de las coimas que habría recibido. No obstante, el pasado 12 de agosto las autoridades estadounidenses respondieron a su pedido solicitando al magistrado Hixson que rechace la petición del exmandatario.
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“Estados Unidos solicita al Tribunal que rechace la moción de Alejandro Toledo para denegar la solicitud de extradición por falta de causa probable y certifique la extradición para su posible entrega al Perú por los delitos de colusión y lavado de dinero.”, indica el escrito de la fiscal Stephanie M. Hinds, quien firma el documento al que accedió La República.
La defensa de los intereses norteamericanos para que continúe el proceso de extradición contra Toledo se dividen en cuatro puntos:
a) El cuestionamiento a los colaboradores Jorge Barata y Josef Maiman (expersonal de confianza de Alejandro Toledo) no debilita el requerimiento de extradición.
b) La solicitud de extradición cumple “ampliamente la causa probable” de que Toledo cometió el delito de colusión.
c) El pedido de extradición de las autoridades peruanas también cumple “ampliamente la causa probable” de que Toledo cometió lavado de activos.
d) El aporte de nuevas pruebas de Toledo (declaraciones de Jorge Barata en abril de 2019, más de 2 mil páginas de registros financieros, el acuerdo de Josef Maiman con la Fiscalía e información sobre las empresas Ecoteva y Merhav) deben rechazarse por no estar contenidas en el pedido de extradición.
“Al señalar simplemente a [Josef] Maiman, Toledo hace caso omiso de las pruebas significativas presentadas por el Perú en apoyo a su solicitud de extradición -que incluyen no sólo los resúmenes de los fiscales de las pruebas del caso peruano, sino también algunas de las pruebas subyacentes en sí, incluyendo numerosas declaraciones de testigos, contratos, estados de cuenta bancarios, otros registros financieros, corporativos y públicos, y el análisis financiero y contable de expertos- que demuestran que Toledo cometió los delitos imputados”, menciona la fiscal Hind en otra parte del escrito.
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Otro de los argumentos que apuntó la Fiscalía norteamericana fue que Josef Maiman corroboró lo revelado por Jorge Barata (exsuperintendente de Odebrecht) en 2019 al ratificar que fue él quien recibió la coima de Odebrecht y que existió una reunión en el hotel Marriot de Río de Janeiro, en Brasil, entre Alejandro Toledo, Gideon Weinstein y Sabih Saylan en noviembre de 2004. Estos dos últimos, allegados de Maiman.
Tras el pedido de la fiscal Stephanie M. Hind, el juez Thomas Hixson deberá decidir si aprueba o no el pedido del expresidente peruano de rechazar la extradición en su contra.
Entretanto, se mantiene para el próximo 23 de setiembre a las once de la mañana la audiencia en la que dicho magistrado evaluará si procede o se descarta el retorno de Toledo al Perú para que cumpla con su proceso ante las autoridades judiciales.
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En agosto de 2020, el fiscal José Domingo Pérez terminó la investigación contra Toledo acusándolo de los delitos de colusión y lavado de activos. Por haber pactado con Odebrecht una coima de US$35 millones a cambio de la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3), el fiscal pidió 20 años y 6 meses de cárcel para el exmandatario.
Hasta la fecha, está pendiente la revisión de la acusación contra Toledo, que tendrá a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho.
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