El Informante: la caza de Cerrón, por Ricardo Uceda
La sentencia pendiente sobre la rehabilitación del líder de Perú Libre para ejercer un cargo público. Panorámica de los procesos en Junín. Cuatro carpetas de lavado de activos. Investigaciones para rato.
En la Corte Superior de Junín está al voto un recurso de la defensa del exgobernador de Junín y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, que de ser aprobado lo rehabilitaría para el ejercicio de una función estatal. Perdió ese derecho en 2019, debido a una sentencia por negociación incompatible. Autorizó un pago derivado de una conciliación en un proyecto de saneamiento.. Fue condenado a cuatro años de prisión suspendida, al desembolso de una reparación civil y a permanecer fuera del servicio público durante un año.
La defensa sostiene que ya concluyó su inhabilitación, pues por efecto de la sentencia perdió su cargo de gobernador hace más de un año. En febrero pasado, la jueza July Baldeón se opuso a dar por cumplida esta parte de la sentencia porque no existían los registros. Si la Corte Superior concede la apelación, habrá conmoción mediática, porque Vladimir Cerrón, así como lo fue Keiko Fujimori en los últimos años, se ha convertido en una especie de enemigo público.
Tres motivos
El anticerronismo se explica por varios motivos. El primero procede de acusaciones de corrupción contra el personaje –una confirmada con la sentencia– por hechos ocurridos durante su gestión como gobernador de Junín (2011-2014). El segundo es que escribió el programa radical de Perú Libre, de inspiración marxista leninista. Dados su neochavismo y sus chats provocadores, se lo considera un obstáculo para que Pedro Castillo adopte una ruta de izquierda moderada, sin cambios traumáticos que empeoren los problemas. Además, como Castillo no puede deshacerse de él, atacarlo también es una forma de descalificar al próximo presidente. Por sus propias razones, la prensa y los fiscales tienen un buen bocado.
La condición de paloma de Pedro Castillo se confirmará dentro de poco, luego de su proclamación como presidente. Tomará más tiempo la demostración de la consistencia de las acusaciones contra el fundador del partido de gobierno. Sin embargo, en el Perú nadie sabe en qué momento puede aparecer un audio o video matador.
El caso La Oroya
La sentencia por negociación incompatible de Cerrón fue anulada en junio de este vaño por un juez de Acobamba, Huancavelica, ante un hábeas corpus que adujo afectación del derecho fundamental a un debido proceso. El juez Alain Salas argumentó que la sentencia carecía de pruebas. Encontró, más bien, que Cerrón autorizó un pago lícito por la obra en cuestión, redes de alcantarillado en La Oroya. La Corte Superior de Junín vio la apelación de la fiscalía y restableció la sentencia original. Sostuvo que Salas no debió resolver porque estaba pendiente un recurso de casación del Ministerio Público ante la Corte Suprema, reactivado este año para que la pena de Cerrón no sea de cárcel suspendida sino efectiva. Por lo demás, dijo que el juez, para administrar garantías, no debió ingresar al tema de fondo del juzgamiento.
A continuación la defensa de Cerrón recurrió al Tribunal Constitucional, que en algún momento determinará si, como dice la demanda contra la Corte Superior de Junín, el juez debía evaluar las pruebas para dictaminar violación del debido proceso. En cuanto a la simultaneidad de un pedido de casación ante la Corte Suprema, alegó que este recurso de la fiscalía no era sobre el fondo de la sentencia sino acerca del cumplimiento de las penas.
Otros procesos
Pero este caso de La Oroya es solo el comienzo. Cerrón acabó su gestión en 2014 con numerosos procesos por presunta malversación, colusión o negociación incompatible, generalmente por haber resoluciones ejecutivas regionales o pagos adicionales como autoridad. Quedaron 27, aunque podrían ser más, nadie tiene una cifra exacta. Dos de estas investigaciones se verán en juicio durante 2021: una referida a irregularidades en la reforestación de áreas colindantes al río Mantaro, y otra por la adjudicación directa del Aeródromo Regional Wanka. En ambos se presume delito de colusión, y Cerrón es uno de los acusados.
De otra parte, hay cuatro investigaciones por lavado de activos, tres en Junín. Por estos procesos Cerrón tiene expuestos sus movimientos financieros personales desde hace varios años. Uno de ellos presume que recibió dinero para facilitar un reasentamiento humano requerido para la ejecución del proyecto Chinalco. Otro le fue abierto a él y sus familiares por presunto enriquecimiento ilícito. Este año comenzó un tercero por depósitos por un millón de soles, evidenciados por el periodista Carlos Paredes. El último procede de la Fiscalía Supranacional, a cargo de Rafael Vela. Los supuestos investigativos aún no se conocen, pero incluyen operaciones de Los Dinámicos del Centro, la organización que dentro del Gobierno Regional de Junín traficaba con brevetes. Cerrón ha respondido que nada nuevo encontrarán en cuentas que fueron abiertas hace varios años.
Lo que falta
Considerando lo que está pendiente en el caso La Oroya, más los otros procesos descritos, los asuntos judiciales de Vladimir Cerrón serán tema de actualidad durante todo el período de gobierno de Pedro Castillo. Esto sin contar las investigaciones que apuntan a confirmar un financiamiento de la campaña de Perú Libre con recursos ilícitos de Los Dinámicos del Centro. Las evidencias mostradas hasta el momento no permiten asegurarlo.
Falta saber si el Ministerio Público llegará a pedir prisión preventiva para Cerrón e imputará al partido la condición de organización criminal, como a Fuerza Popular. El sistema judicial, que incluye a fiscales y jueces, tiene un conjunto de nuevos casos de supuesta corrupción política para demostrar su acuciosidad, independencia y respeto al debido proceso. También es un reto para la prensa, que puede aportar elementos nuevos, propios, y no solo el registro de los documentos que le son proporcionados.
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