El expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, tendrá una serie de restricciones que cumplir durante la investigación que sigue en su contra el equipo especial Lava Jato por el caso Odebrecht.
Ello según una decisión del juez Jorge Chávez Tamariz del último lunes que rechazó un pedido de la Fiscalía para ampliar por 18 meses más el arresto domiciliario que cumplía el exfuncionario desde abril de 2020, tras variarse su prisión preventiva a raíz de la primera oleada del COVID-19 en nuestro país.
restricciones cesar villanueva
El magistrado del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria le impuso así a Villanueva comparecencia restringida, entre las que se encuentran las siguientes limitaciones: impedimento de salida del país, incomunicación con testigos, peritos o coinvestigados, no ausentarse de su lugar de domicilio, entre otras.
El Ministerio Público había argumentado en su pedido que tenían varias diligencias pendientes por lo que era necesario ampliar el arresto de Villanueva. No obstante, el juez indicó en su resolución que el fiscal adjunto no pudo precisar en qué actividades se requería la presencia del excongresista.
Sobre el peligro procesal (fuga u obstaculización), el juez también precisó que “para este caso no se han brindado suficientes razones del porqué debe mantenerse detenido al procesado Villanueva Arévalo en relación a las diligencias ordenadas por la fiscalía especializada”.
Por el momento, al tratarse de una resolución de primera instancia, el Ministerio Público puede apelar la decisión para que se defina la situación de César Villanueva ante un tribunal de jueces superiores.
El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, investiga a César Villanueva por los delitos de colusión, asociación ilícita y negociación incompatible desde el 2019.
Ello porque el exlegislador habría recibido presuntamente US$320.000 de Odebrecht a cambio de la adjudicación y ejecución de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, cuando fue gobernador regional de San Martín.
Por este caso, a Villanueva se le impuso primero prisión preventiva en 2019, que luego fue cambiada en abril de 2020 por el arresto domiciliario, donde el juez Jorge Chávez Tamariz le impuso también el pago de S/100.000 de caución al Estado.
Este monto, cabe precisar, no fue pagado por Villanueva de forma directa, sino que ofreció un inmueble ubicado en Jr. Santa María C-06 sector Alto, distrito de La Banda de Chilcayo, en San Martín, que compensara como garantía dicha cantidad. El predio sigue en calidad de garantía mientras duren las restricciones de Villanueva.
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