La congresista Rocío Silva Santisteban de Frente Amplio ha presentado el proyecto de ley Nº7575, ley de fomento de Nuevas Masculinidades para la Igualdad de Género, cuyo objetivo es luchar contra el machismo desde la conducta de los mismos hombres.
Si el machismo es el conjunto de creencias que ejercen dominio y superioridad frente a las mujeres, las nuevas masculinidades son un modelo alternativo que promueve que los hombres se relacionen de manera no violenta; compartan las labores del hogar; respeten la diversidad sexual y contribuyan a la reducción de la brecha de género.
El proyecto de ley propone lineamientos que se deberán aplicar en todas las entidades de la administración pública (Poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como gobiernos regionales y locales) para fomentar esta nueva forma de socialización y así construir relaciones más igualitarias entre varones y mujeres.
Entre las medidas que se implementarían están difundir información sobre el impacto negativo de las conductas machistas en las relaciones sociales; sensibilizar a los servidores públicos sobre las nuevas masculinidades, e implementar estrategias para impulsar paternidades responsables y la participación equilibrada en espacios públicos.
Por último, se sugiere incluir en la evaluación anual de desempeño profesional los criterios que midan el esfuerzo de los funcionarios en implementar estos lineamientos. Además, el Ministerio de la Mujer (MIMP) sería el encargado de impulsar esta iniciativa, y de coordinar y vigilar la aplicación de la ley en las entidades públicas en el sector nacional, regional y local.
De esta manera, se busca frenar la violencia de género que solo en el 2020 dejó 114.495 víctimas, de las cuales 85,5% eran mujeres, y hasta el mes de marzo de este año dejó 34 feminicidios, de acuerdo al MIMP.
Por eso, el proyecto de ley apunta a que los hombres establezcan relaciones sociales más sanas e igualitarias y fortalezcan sus lazos comunitarios, ya que se incentiva la solidaridad antes que la competitividad entre varones. La iniciativa no causa más gastos al Estado, pues su aplicación se encuadra en el presupuesto vigente.