Martín Vizcarra: un congresista electo que no podría ejercer funciones

El exmandatario y virtual parlamentario por Somos Perú, Martín Vizcarra, fue inhabilitado de la función pública por 10 años por cometer infracciones a la Constitución en el marco del caso Vacunagate.

El ex jefe de Estado alegó que no se respetó su derecho al debido proceso y no se presentó ante el pleno del Congreso, que votó a favor del informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constituciones que recomendaba apartarlo del sector público.

Pese a que Vizcarra fue el candidato al Congreso más votado en las elecciones celebradas el último 11 de abril, el Legislativo decidió inhabilitarlo para impedirle ejercer el cargo. Sin embargo, expertos analizan escenarios en los que se podría revertir esta situación.

Congresista sin poder ejercer funciones

Jorge Jáuregui, especialista en procesos electorales, explica que la inhabilitación del exmandatario no implica que no sea considerado como parlamentario.

“Vizcarra tiene la condición de congresista electo y esto es irreversible. El principio de preclusión de etapas, el cual gobierna el derecho electoral, implica que, agotada una etapa y pasado a la siguiente, es imposible regresar al anterior. La primera vuelta de las elecciones terminó y eso es irreversible porque Vizcarra ya fue electo”, asevera.

El constitucionalista César Delgado-Guembes señala que la inhabilitación regiría al día siguiente de la publicación en el diario El Peruano con la resolución legislativa y apunta que no podrá juramentar el cargo ni asumir funciones como legislador.

“La inhabilitación es lo que le impide el ejercicio de la función, por lo tanto no va a poder juramentar el cargo. Como él no va a poder asumir, el JNE tendrá que expedir la credencial para la persona que lo reemplace en el orden de ingreso de Somos Perú”, sostiene.

Vizcarra podría presentar nueva acción y medida cautelar

Delgado-Guembes indica que el otro escenario es la acción de amparo que interpondría el expresidente para dejar sin efecto su inhabilitación y pueda ejercer el cargo sin inconvenientes.

“Esta acción de amparo ya la ha iniciado, pero con ciertos actos que existían cuando el proceso se encontraba en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que se iba a iniciar con la Comisión Permanente. Hoy que culminó el proceso en el Pleno y tendrá que presentar otro amparo sobre su inhabilitación para que todo eso quede sin efecto”, manifiesta.

“Eventualmente en esa acción de amparo, presentaría una medida cautelar. Si el juez ampara esta medida y dispusiera que quede en suspenso la inhabilitación, el señor Vizcarra podrá solicitar al Congreso que se acate y se permita su incorporación”, agrega.

Entre tanto, Jáuregui hace mención a que es un caso particular debido a que hay un conflicto de principios entre lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y lo que establece el Parlamento.

“Las normas de la CIDH establecen que el derecho que tienen los ciudadanos que votaron por un representante prima sobre el derecho constitucional”, advierte.

“Si una persona que está postulando es inhabilitada, activa los parámetros de la Corte Interamericana y hay un derecho fundamental de los electores porque fueron ellos los que votaron y eso importaría ahora: el señor Vizcarra pasaría a un tercer plano”, añade.

Las diferencias de las inhabilitaciones de Vizcarra, Mazzetti y Astete

Al igual que el ex jefe de Estado, la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete también fueron inhabilitadas por el periodo de ocho y un año, respectivamente.

En ese sentido, Delgado-Guembes considera que son diferentes las inhabilitaciones para el expresidente y las exministras. El experto refiere a que esto radica en la diferencia de funciones que realizaban los denunciados.

“El tema de Vizcarra va más por lo que sería congresista, pero, si lo inhabilitan, no podría postular acá a unos cinco años al Gobierno regional u otro cargo. Sin embargo, puede enseñar universidades privadas o seguir con sus empresas”, detalla.

“La señora Mazzetti es profesora nombrada de la Universidad de San Marcos, trabaja nombrada en el Ministerio de Salud y, además, tiene otro trabajo en una entidad diferente; es decir, labora en tres instituciones estatales, por lo que puede presentar una acción de amparo ante el Poder Judicial para dejar sin efecto la inhabilitación argumentando que se quedaría sin trabajo”, continúa.

Por otro lado, expone que la menos perjudicada sería la exrepresentante del Ministerio de Relaciones Exteriores debido a que ya está jubilada.

“El caso de Astete es menos dramático porque ya está jubilada, no ejerce la función y recibe pensión, que no se la pueden quitar. Además, la van a inhabilitar un año; en cambio, con Mazzetti lo harían por ocho”, enfatiza.

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