Controversia por partidos que entran al Congreso pero perderían la inscripción
Partido Morado, Juntos por el Perú, Somos Perú y Victoria Nacional podrían dejar de tener vigencia legal. Podemos Perú estaría en capilla.
Según los resultados de conteo rápido al 100% de Ipsos para América Televisión, cuatro partidos políticos tendrán solo 3 o 4 representantes en el Congreso, con lo cual enfrentan el riesgo de perder la inscripción legal, debido a serias deficiencias normativas diseñadas por los legisladores.
Se trata de los partidos Juntos por el Perú y el Partido Morado, que tendrían solo 3 representantes, y Victoria Nacional con Somos Perú, que tendrían solo 4 legisladores.
Eder Vitón Burga, especialista en derecho electoral, explicó que existe un “error garrafal” en el sistema normativo por obra del Congreso: actualmente existe una valla para ingresar al Parlamento y otra valla distinta para mantener la inscripción.
Por un lado, el artículo 20 de la ley Orgánica de Elecciones establece que para acceder al Congreso se debe lograr el 5% de votos válidos o tener un mínimo de siete curules por dos circunscripciones distintas.
Pero por otro lado, el artículo 13, inciso a, de la Ley de Organizaciones Políticas, fija las reglas para mantener la inscripción legal de un partido: tener el 5% de votos válidos para el Congreso y, adicionalmente, tener cinco representantes en más de una circunscripción electoral.
Los cuatro partidos citados no alcanzarían esto último, por lo cual perderían la inscripción legal, a pesar de que sí tendrán presencia en el nuevo Congreso.
Escenarios
En opinión de José Tello Alfaro, experto del Instituto Peruano de Derecho Electoral (IPDE), estos cuatro partidos: Partido Morado, Juntos por el Perú, Somos Perú y Victoria Nacional, pueden perder la inscripción, si se aplica la norma. Y hay un quinto partido, Podemos Perú, que también corre el riesgo de perder la inscripción, pues hasta el momento tendrían 5 curules, pero les falta acreditar representación en más de una región.
“La ley electoral demuestra una contradicción. Estamos ante una reforma electoral inconclusa. El nuevo Congreso debe impulsar una reforma electoral seria”, plantea y agrega que no hay mayor posibilidad de que los partidos señalados se salven. “Desde una perspectiva legalista esto no da mucho. Esos partidos se quedarían sin inscripción”, sostiene.
Opinión distinta es la de Eder Vitón Burga, quien considera que los partidos eventualmente perjudicados podrían apelar y el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) puede tener una última palabra.
Recordó además que el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas permite otorgar financiamiento público a los partidos que logran ingresar al Congreso. Sin embargo, el Partido Morado, Juntos por el Perú, Somos Perú y Victoria Nacional perderían el financiamiento a pesar de haber cumplido por el requisito de acceso al Parlamento.
Ante este escenario, Vitón Burga considera que el JNE podría pronunciarse, en caso de que haya apelación de los partidos.
“La clave de este asunto es definir cuál es el contenido del derecho de participación política, establecido a nivel constitucional y en los tratados internacionales, y ver si la cancelación de la inscripción representa una restricción de ese derecho. El pleno del JNE puede haber una interpretación finalista o histórica de las normas, o también pueden hacer una interpretación literal”, comentó.
Contrarreforma del fujimorismo
Este serio problema tiene su origen en una reforma electoral aprobada en el 2019 por el Congreso, cuando Fuerza Popular presidía la Comisión de Constitución.
El Poder Ejecutivo había presentado un paquete de propuestas, incluyendo el requisito de al menos cinco congresistas en más de una región para mantener la inscripción legal de los partidos.
El 8 de julio del 2019, la Comisión de Constitución, bajo la presidencia de Rosa Batra, aprobó el dictamen con esta propuesta de cancelación de los partidos, pero sin hacer el análisis necesario con respecto a los requisitos para pasar la valla de acceso al Parlamento. El Pleno del Congreso aprobó la reforma el 22 de julio y el texto fue promulgado en El Peruano el 27 de agosto como Ley 30995.
