Este jueves por la mañana, el fiscal José Domingo Pérez, quien conduce las pesquisas por el caso Cócteles (Odebrecht) contra Keiko Fujimori y otros involucrados, ha concluido la etapa de investigación preparatoria, según ha podido conocer La República.
Luego de dos años y casi cinco meses de indagaciones, el primer despacho del Equipo Especial Lava Jato ha estimado que tiene los elementos suficientes para realizar una acusación con penas efectivas de prisión para los 62 procesados que abarca el caso.
Si bien en diciembre pasado el juez Víctor Zúñiga Urday extendió el plazo para investigar hasta el 21 de febrero del 2022, el fiscal de lavado de activos podía cerrarla antes. Es lo que ha ocurrido esta madrugada.
Pérez tiene dos opciones: presentar un requerimiento mixto (de acusación y sobreseimiento, este último solicitando el archivo para algunos imputados) o una acusación directa.
Tal como ha venido publicando La República, las últimas disposiciones fiscales sobre el caso han ido redondeando los cargos sobre Keiko Fujimori (presunta injerencia en el CNM con María Zavala o el juez Martín Hurtado), analizando los celulares pertenecientes al “núcleo duro” de la organización criminal (Ana Herz y Pier Figari), recabando declaraciones de testigos, entre otros.
La semana pasada la Segunda Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado revocó la vigilancia judicial contra el partido Fuerza Popular, dejando a este sin la obligación de rendir cuentas al Juzgado.
No obstante, si Pérez opta por la acusación podría solicitar a su vez la disolución total de la persona jurídicia; es decir, su clausura definitiva.
Por otra parte, es necesario recalcar que Domingo Pérez está habilitado para solicitar, tras reunir todos los elementos de convicción por el caso, nuevas prisiones preventivas contra los implicados.
1
3
La investigación de Pérez se formalizó en octubre de 2018. Entonces solo contemplaba los delitos de lavado de activos, organización criminal y asociación ilícita.
Dada la complejidad del caso, con el tiempo fueron aumentando los ilícitos a indagar llegando a ser ocho en total, aparte de los anteriores: obstrucción a la justicia, falsa declaración, fraude procesal, falsificación de documentos y falsedad genérica.
Según la hipótesis fiscal, Keiko Fujimori habría encabezado una red criminal en las campañas presidenciales de 2011 y 2016, “blanqueando” dinero ilegal de Odebrecht (USD1.000.000). Además, habría recibido millonarias sumas de empresarios a cambio de apoyo en el Congreso a ciertos sectores como el Grupo Gloria, el negocio de los casinos, entre otros.
Raul Noblecilla, abogado de Luis Mejía Lecca en el caso, sostuvo a este diario con respecto al término de la investigación: “Nos encontramos tranquilos puesto que a lo largo de los años de la investigación tuvimos una conducta participativa de coadyuvar, en sentido amplio y estricto, a que la investigación pueda concluir con verdad y con criterios de justicia. Confiamos en que se hará realmente justicia en cuanto a la acusación”.
Por su parte, el abogado de Fuerza Popular Elio Riera, sostuvo: “El fiscal ha dejado de lado actos de investigación muy importantes propuestos por la defensa técnica del Partido Fuerza Popular. Esto genera - evidentemente - una vulneración al derecho del debido proceso. El mismo fiscal no solo no se ha pronunciado por escritos ingresados por la defensa sino que también ha dejado de lado actuaciones testimoniales ya programadas por su propio despacho. Todo esto genera una invalidez del acto de conclusión de investigación que oportunamente será corregido por el Poder Judicial.”.
Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional