La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ha dado a conocer que para los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 dirigidos por el médico Germán Málaga se recibieron 12.000 dosis del laboratorio chino Sinopharm, pero que, adicionalmente y sin intención de que sean contabilizadas, dentro del experimento, 3.200 dosis más.
Al develarse que el expresidente Martín Vizcarra y algunos de sus funcionarios y familiares fueron inoculados con este lote extra en octubre se ha desatado un escándalo y el cuestionamiento del propósito o interés que hubo detrás de esta donación de la empresa asiática.
El 20 de agosto del 2020 durante conferencia de prensa, el entonces mandatario Vizcarra dio a conocer que el Estado estaba negociando con Sinovac (China), AstraZeneca (Reino Unido), Sinopharm (China), Pfizer (EE.UU.) y Covax Facility (Multilateral) la adquisición de la vacuna, además de la probable fecha de arribo y la cantidad promedio de dosis.
De los laboratorios mencionados, tres planteaban la posibilidad de concretar la entrega en el primer semestre del 2021: AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer.
El 2 de setiembre del 2020 la exministra de Salud Pilar Mazzetti y el exministro de Relaciones Exteriores Mario López recibieron a una comitiva de Sinopharm presidida por el vicepresidente del Grupo Sinopharm, Bing Zeng, quienes trasladaron al país las primeras pruebas para dar inicio al ensayo clínico en Fase III.
El último jueves 11 de febrero, Vizcarra Cornejo aceptó haberse inmunizado como parte del proceso experimental, aunque esto debió ser destinado para personal médico y personas que sí estaban vinculadas con la investigación. Pero, ¿hubo delito de parte de Sinopharm al enviar dosis adicionales al Perú, cuando ya estaba en conversaciones con el Gobierno para proporcionarnos la vacuna?
Para el abogado penalista Carlos Caro habría un indicio de corrupción, pero se requiere conocer la motivación por lo cual la compañía China entregó estas dosis de regalo adicionales para que sea considerado como un delito.
“Si es que estás dando la muestra o regalo para que apruebes esa vacuna y no otras y se ha hecho esto de forma no transparente, por lo bajo u oculto, eso evidentemente es un indicio de corrupción”, señaló en declaraciones a La República.
Asimismo, afirmó que el contrato entre la Cayetano y el laboratorio chino debe especificar la forma en que se va a administrar o formular prohibiciones, como por ejemplo, evitar que se repartan a funcionarios públicos.
“Pueden haber prohibiciones y decir ‘no, estas son muestras para el personal médico, no para los funcionarios del Gobierno’. Como no hemos visto el contrato, no podemos decirlo ahora, pero indicios de corrupción tenemos de sobra”, añadió.
Precisó que en la investigación iniciada por la Fiscalía debe determinarse si ha existido alguna influencia en el proceso de contratación, si es un hecho aislado o si impactó directamente en la negociación.
“Si se probara que ha habido una influencia en el proceso de contratación eso podría calificar como colusión desleal, y estarían involucrados las partes que han estado en la negociación. Sinopharm podría estarlo en la medida que ellos hayan participado”, expresó Caro.
De otra parte, mencionó que los funcionarios públicos están prohibidos de recibir “dádivas o regalos de cualquier tipo, peor aún de una empresa con la que se está haciendo negocios”.
A su turno, la especialista en temas penales Romy Chang no considera que el regalo de las 3.200 dosis de parte de Sinopharm a la Cayetano Heredia sea constituido un delito, ya que según el propio comunicado de la universidad, estaban destinadas al personal médico.
“Cuando Sinopharm hace la entrega fue al jefe del proyecto de la Cayetano Heredia, no se la entrega a ningún funcionario público. La decisión de darle a Vizcarra o a cualquier otro funcionario público es una decisión que le correspondió al jefe del equipo médico que se encontraba a cargo del proyecto, en este caso al doctor Germán Málaga”, refirió a este medio.
Sin embargo, sostuvo que sí podría ser una falta administrativa por haberse inoculado a personas con un antídoto experimental, que no contaba con la autorización de las entidades sanitarias correspondientes ni registro sanitario.
“Falta administrativa siempre va a haber (...), una cosa es utilizarla como experimento y otra como cura, ahí sí creo que hay un problema administrativo porque Málaga sabe que para que apliques una vacuna tiene que estar aprobada por el Ministerio de Salud”, dijo Chang.
La penalista opinó que también hubo una “falta ética”, pues debieron ser transparentes con el proceso que estaban llevando a cabo, y así, aplicarlas a aquellos que estaban en la primera línea.
Además, planteó otros escenarios: “Si Málaga entregó la vacuna porque Vizcarra se lo ordenó abusando de que era presidente, ahí podríamos hablar de un delito de abuso de autoridad por parte de Vizcarra, pero no tanto un delito por parte de Málaga porque a las finales es un médico más, no tiene el poder que tiene el presidente de la República”.
Enseguida, acotó: “Si Málaga negoció algo a su favor a cambio de darle esas vacunas a Vizcarra, ahí sí podría haber un acto de corrupción, por eso es muy importante ver cuál es la declaración que él va a tener”, sentenció.
La embajada de China en el Perú resaltó mediante un comunicado que no tienen conocimiento sobre una relación de personas que fueron inoculadas en el país.
Por otro lado, la universidad Peruana Cayetano Heredia recalcó que tanto como los ensayos clínicos experimentales, como los otros administrados, fueron autorizados por el Instituto Nacional de Salud (INS).
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