La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso analiza este jueves 14 de enero la denuncia constitucional en contra de Edgar Alarcón por supuesto enriquecimiento ilícito agravado cuando ocupaba el cargo de contralor de la República.
El grupo de trabajo evaluará la demanda constitucional que interpuso hace siete meses la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que el Parlamento permita seguir con las indagaciones en contra del legislador de Unión por el Perú (UPP).
Este proceso debe seguirlo debido a la inmunidad parlamentaria que goza el investigado por corrupción, que también lidera la Comisión de Fiscalización del Parlamento, encargada de supervisar el correcto funcionamiento del Estado.
La sesión virtual extraordinaria que inició a las 9.00 a. m. y pasó a ser reservada, tiene agendado este caso, denuncia 371, como el único tema del día. La evaluación de los congresistas fue reprogramada desde el 8 de enero a solicitud de Alarcón Tejada por encontrarse en provincia.
Subcomisión de Acusaciones evalúa este jueves denuncia contra Edgar Alarcón
Este jueves, el representante de Arequipa deberá responder las interrogantes de la Subcomisión y dar sus descargos sobre la denuncia interpuesta en su contra, una de las tres que la titular del Ministerio Público ha presentado el 9 de julio de 2020.
El legislador Carlos Pérez, presidente de la Subcomisión, precisó que el congresista de UPP debe estar presente físicamente en la sesión para cumplir con los procedimientos impuestos en casos de denuncias constitucionales.
Tras la sesión del grupo de trabajo, la congresista Felicita Tocto, de la bancada Descentralización Democrática, al estar encargada del caso, tiene el plazo de cinco días útiles para elaborar el informe final en el que concluirá con una recomendación respectiva sobre el caso, y que será analizada posteriormente por la Comisión Permanente.
Este equipo de trabajo también debatirá y votará el documento pronunciándose a favor o en contra de la acusación. Si se admite, nombran una Subcomisión Acusadora para que sustente el informe final y formule la denuncia ante el Pleno del Congreso.
Si deciden que hay lugar a la acusación, en la misma sesión plenaria votan si se suspende o no al congresista en el ejercicio de sus derechos y deberes funcionales. Si se aprueba la denuncia, entonces, el expediente con la acusación constitucional es enviado a la fiscal de la Nación.
La Fiscalía lo imputa por presunto desbalance patrimonial negativo producto de mayores gastos por el importe de S/ 201.337,24, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando ejerció los cargos de gerente central de Operaciones, de Auditoría Especializada y vicecontralor.
El Ministerio Público informó sobre la existencia de diversos ingresos bancarizados por la suma de S/ 275.644,90, cuyos orígenes y depositarios “se desconocen”, cuando Alarcón ejerció como contralor. Todo ello haría presumir la existencia de un desbalance patrimonial en los años 2016 y 2017.
Edgar Alarcón señala que la entidad tiene una interpretación errónea de la ley de declaraciones juradas. No obstante, Felicita Tocto, en conversación con este diario, consideró válidas las pericias contables financieras en las que se basa la acusación.
La congresista comentó la semana pasada que “si se respetan los plazos, antes de fin de mes debe estar resuelta esta denuncia constitucional en la subcomisión”.
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