Subcomisión reprograma audiencia de Edgar Alarcón para el 14 de enero
El grupo de trabajo parlamentario aplazó la sesión en la que se analizará la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra el congresista de UPP.
La República en GoogleLa Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República reprogramó para el próximo 14 de enero la audiencia en la que se analizará la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito agravado en contra del parlamentario de Unión por el Perú (UPP) Edgar Alarcón.
A través de un documento, el grupo de trabajo legislativo anunció que esta será la décima sesión virtual extraordinaria y se realizará desde las 9.00 a. m.
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Reprogramación de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Foto: captura
Dicha audiencia estaba prevista para llevarse a cabo este viernes; sin embargo, Alarcón solicitó su reprogramación. Así lo dio a conocer Carlos Pérez, congresista de Acción Popular (AP) y presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en diálogo con Andina.
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En la nueva fecha fijada, el parlamentario de UPP se encargará de responder las interrogantes de este grupo del Congreso en base la denuncia interpuesta en su contra por el un presunto enriquecimiento ilícito agravado, uno de los tres delitos que presentó la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Reprogramación de la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Foto: captura
Lo que sucederá después de la audiencia
Tras la sesión, Felicita Tocto, parlamentaria de Democracia Directa y encargada del caso, elaborará el informe final en un plazo de cinco días. Si concluye con la acusación del investigado, este pasa a la Comisión Permanente. Allí, su titular deberá convocar a una sesión en la que se debatirá el documento y se votará si deciden por la acusación o no.
Si esta es aprobada, la comisión nombrará una Subcomisión Acusadora para sustentar el informe final y formular la denuncia al Pleno del Congreso. Si en este debate la acusación se declara procedente, el Pleno vota por la suspensión del congresista, en ejercicio de sus derechos y deberes funcionales. Finalmente, si se aprueba, el expediente con la acusación constitucional se envía a la fiscal de la Nación.
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