Por: Ángel Páez y Doris Aguirre
El número de implicados en la red criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” crecerá cuando se emprenda la desgrabación y transcripción de más de 40 mil audios de interceptaciones telefónicas judiciales que hizo el equipo especial de escuchas Constelación.
Paralelamente, el Equipo Especial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, que desde el 9 de setiembre coordina la fiscal provincial Sandra Castro Castillo, reiniciará las operaciones de intervención contra presuntos integrantes y cómplices de la mencionada red, que se encuentran paralizadas al menos desde hace dos años.
En cumplimiento del mandato de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien nombró a la fiscal Sandra Castro como coordinadora del Equipo Especial, ya requirió a la fiscal provincial Rocío Sánchez Saavedra la distribución de las carpetas o expedientes de los casos que se encuentran en su despacho, con la finalidad de distribuir- los entre las propias Castro y Sánchez, y a una tercera fiscal asignada al equipo, Roxana Jáuregui, con el objetivo de agilizar las investigaciones.
La fiscal coordinadora Sandra Castro comunicó que en el transcurso de la semana, varios abogados de aspirantes a colaboradores eficaces se presentaron a su despacho para ratificar su deseo de continuar aportando evidencia de delitos perpetrados por integrantes de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, así como identificando a miembros de esta red y a sus cómplices.
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Castro explicó que al asumir funciones el pasado 9 de setiembre, encontró que personas que han sido señaladas como participantes de la organización criminal gozan de plena libertad debido en gran medida a la tardanza de las pesquisas.
“Actualmente existen muchas personas que son parte de la organización criminal y están libres sin ser investigados. Ahora, con este refuerzo con dos equipos más y una coordinación, se completarán, por ejemplo, los operativos que desde hace más de 2 años no se ejecutan en el caso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’”, manifestó a La República la fiscal coordinadora, Sandra Castro.
“Debemos recordar que tenemos aproximadamente más de 40 mil audios que se tienen que desgrabar para construir los hechos delictivos. Los audios de las interceptaciones telefónicas son los que identifican los delitos”, indicó.
La coordinadora del Equipo Especial del caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto” explicó cómo proceden los fiscales respecto a los audios y a las declaraciones o delaciones de los aspirantes a colaboradores eficaces.
“Un postulante a colaborador es una persona que ha cometido delitos. No le hace ningún favor a la Fiscalía con su colaboración. La idea central es la siguiente: el aporte de los postulantes a colaboradores podría ayudar a estructurar un hecho penal, que ya se encuentra en las escuchas telefónicas. La delación que hacen no es determinante para esclarecer un delito, pues la fuente del delito se encuentra en las interceptaciones”, precisó.
La fiscal Sandra Castro relató que encontró que muchos implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto se encontraban en libertad porque no se había actuado contra ellos.
“Son innumerables personas, entre empresarios, funcionarios, entre otros, quienes están libres debido a que no se analizan ni se abren investigaciones contra nadie”, dijo Castro: “Por eso abogados de los aspirantes a colaboradores eficaces se han presentado en mi despacho esta semana para ratificar sus declaraciones y procesos con el proceso de colaboración eficaz”.
Precisamente, fuentes del Ministerio Público informaron a este diario que entre el 2018 y lo que va del 2020, la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que investiga a 108 implicados en el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, expidió 52 solicitudes de información a la fiscal Rocío Sánchez sobre expedientes que se encuentran en su despacho. Solo contestó −y a medias– nada más que 4. Ni el 8% del total.
La Primera Fiscalía Suprema, a cargo del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, la despacha el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón.
Los fiscales que indagan a los integrantes y cómplices de la mencionada red criminal han expresado una justificada inquietud por la falta de respuestas a sus peticiones de información, porque afecta el desarrollo de sus diligencias investigativas. Como puede apreciarse en el cuadro adjunto, la política de Sánchez es no responder.
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Con la designación de la fiscal provincial Sandra Castro, como coordinadora del Equipo Especial, y la distribución de las carpetas de los casos entre las tres fiscales, esta situación debería cambiar en beneficio de la agilización de las pesquisas.
Las indagaciones de la Primera Fiscalía Suprema abarcan 308 hechos o episodios corruptos relacionados con el mencionado caso. Estos implican a 8 jueces y fiscales investigados, lo que ha motivado la suspensión de sus cargos.
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La Primera Fiscalía Suprema también tiene hasta el momento a 39 investigados con procesos penales instaurados.
Además, cuenta con un total de 113 investigados o involucrados en los hechos sometidos al levantamiento del secreto de las comunicaciones.
Sin embargo, la falta de respuesta a los pedidos de información cursados por la Primera Fiscalía Suprema a la fiscal Rocío Sánchez afecta el rápido desarrollo y resolución de los expedientes.
“Debido a la falta de respuesta a las solicitudes de información, la Fiscalía Suprema ha tenido que hacer seguimiento a las noticias públicas y también ha recurrido a informes de colaboración eficaz de la propia Fiscalía Suprema. Si la fiscal provincial Rocío Sánchez contestara a los requerimientos que se le han hecho, la Fiscalía Suprema podría avanzar más rápidamente los casos y podría instaurar más procesos penales”, indicaron las fuentes.
“Los casos aumentarían significativamente si es que la fiscal Sánchez entregase informes de hechos nuevos que involucran a jueces y fiscales, no es necesario que los colaboradores eficaces digan lo que ya está registrado en los audios. De acuerdo con la norma, la Fiscalía Suprema no puede solicitar informes sobre las colaboraciones si es que el fiscal a cargo no lo informa”, explicaron.
La fiscal provincial Rocío Sánchez Saavedra, que originalmente inició el caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, está en desacuerdo con la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que el 9 de setiembre resolvió designar a la fiscal provincial Sandra Castro como coordinadora del Equipo Especial que investiga a la red criminal.
Considera que la repartición de los expedientes sobre los hechos criminales que se investigan, entre ella y las fiscales provinciales Sandra Castro y Roxana Jáuregui, no tendría sustento legal. “Tengo jurídicas objeciones al pedido de distribución de las carpetas”, señaló en una entrevista a Perú.21.
Fuentes del Ministerio Público recordaron que nadie es dueño del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
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