Las veces en que el Congreso intentó bajarse la reforma universitaria

La educación en Perú ha sido uno de los aspectos que ha registrado, en los últimos años, un menor avance con respecto a los otros países de la región y del mundo. Las pruebas PISA dan fe de ello y revelan que todavía hay mucho por escalar, en especial si nos centramos en el ámbito básico.

La formación superior es también importante de tratar, ya que en el 2018, solo el 62,3 % de hombres y mujeres entre 17 y 24 años se matricularon en universidades, según un estudio publicado por el INEI.

Para hacerle frente a esta problemática de accesibilidad a centros privados y públicos y, además, garantizar una educación de calidad, el Estado peruano decidió impulsar la Ley Universitaria.

Pese a que la reforma ha sido sustentada como “estrictamente necesaria”, desde el Congreso se han puesto impedimentos para su concreción debido a intereses particulares en reiteradas ocasiones.

La reforma universitaria fue concebida dentro de una gran reforma de la educación, y desde un comienzo tuvo detractores. “Desde que comenzamos a ver el tema de la reforma universitaria tuvimos problemas. El principal escollo que tuvimos fue la Asamblea Nacional de Rectores, que veía un peligro para sus intereses privados, veía en peligro su existencia, y comenzó a hacer una guerra tremenda al tema”, contó Daniel Mora, ex ministro de Defensa y expresidente de la Comisión de Educación, en diálogo con La República.

Pero ese no fue el único hecho cuestionable. “Dentro del Congreso teníamos propietarios de universidades privadas, profesores de universidades privadas y dueños de universidades privadas. Y dentro de la Comisión de Educación tuvimos cinco o seis miembros o que eran propietarios o relacionados íntimamente con las universidades privadas”, añadió.

Creación de la Sunedu

Fue en ese contexto que la Ley Universitaria también contempló la creación de un ente que regulara a estos centros de formación, que fue la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Nosotros creamos la Sunedu dentro de la Ley Universitaria. La Ley Universitaria no puede ejecutarse eficientemente si no existe Sunedu. Si desaparece Sunedu no tiene razón la Ley Universitaria, porque nadie en el Perú la va a cumplir”, expresó Mora Zevallos.

El principal objetivo de dicha ley es la de garantizar una educación de calidad. Por eso, según indica el expresidente de la Comisión de Educación, “la Sunedu controla condiciones básicas de calidad, es decir, mínimas. Para poder existir como universidad en el Perú se requiere cumplir las condiciones básicas de calidad, en infraestructura, objetivos académicos, laboratorios, docentes a tiempo completo, etcétera”.

Aun cuando el Congreso de la República negó la confianza al gabinete de Pedro Cateriano y que el presidente Vizcarra decidió mantener en el cargo a Martín Benavides, la regulación de la Sunedu continuará por ser una entidad autónoma.

Respecto a esto, Mora indicó que debe haber un titular de la cartera de Educación que tenga “energía”. “El que sea ministro de Educación debe ser un creyente de que la reforma de educación debe continuar y debe perfeccionarse, pero no retroceder”, aseguró.

Las trabas a la reforma universitaria en Perú

Fue el 10 de julio de 2014, que el diario El Peruano dio a conocer la ley de reforma universitaria para que hombres y mujeres tengan acceso a una educación superior de calidad. Dicha norma causó polémica, siendo así que a los pocos meses, un grupo de congresistas liderados por Martha Chávez presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

En este manifestaron su inconformidad con una ley que, a su parecer, restringía de manera ilegal el acceso a la educación universitaria y que violaba la autonomía de las instituciones, así como también vulneraba los derechos al trabajo, contratación y libertad de empresa. Ante esto, un año más tarde el TC decidió no ceder y ratificó la Ley Universitaria, tras verificar que no existían indicios de inconstitucionalidad.

El 24 de octubre de 2016, el grupo parlamentario aprista presentó el Proyecto de Ley Nº469/2016-CR que tenía como objetivo “restablecer la plena vigencia de la autonomía que la Constitución Política del Estado confiere a las universidades”. Nuevamente, el TC indicó que no existía vulneración alguna con la Ley Universitaria.

El 2018 fue otro año en el que la Sunedu fue investigada. La legisladora exfujimorista Paloma Noceda, quien presidió la comisión, propició la pesquisa que nunca fue puesta en debate.

En el 2019, durante la gestión de Milagros Salazar (Fuerza Popular) al frente de la Comisión de Educación, los ataques contra la Sunedu continuaron. A comienzo de junio, la comisión aprobó una investigación a la entidad por presuntas irregularidades en las administraciones de los superintendentes Lorena Macías, Flor Luna Victoria Mori y Carlos Benavides Abanto.

En este contexto, la congresista Tamar Arimborgo (Fuerza Popular) fue una de las principales detractoras de la Sunedu, y de las personas que han sido parte de la superintendencia, ya que, aseguró, “ganan más de 15.000 soles siendo bachiller”.

Hacia septiembre de 2019, Arimborgo asumió la presidencia de la comisión y mantuvo la misma línea que su predecesora. Incluso, congresistas ‘naranjas’ Milagros Salazar, Yeni Vilcatoma y Edwin Vergara solicitaron información a la Sunedu respecto a universidades -a las que estaban ligadas- que no obtuvieron el licenciamiento, como la Ricardo Palma, Los Ángeles de Chimbote y la Tecnológica de Los Andes de Abancay.

En el 2020, han habido nuevas escenas aunque con otros miembros que, valgan casualidades, están relacionados de algún modo con universidades que no han obtenido el licenciamiento por parte de la Sunedu.

Según dio a conocer Cuarto Poder, Marco Pichilingue (Fuerza Popular) estudió Administración de Empresas en la Universidad Telesup. De igual modo, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica fue alma mater de Gilbert Alonzo (Fuerza Popular), quien realizó estudios de Ciencias Sociales; y de Julio Condori Flores (APP), quien estudió Economía y Contabilidad.

En esa misma línea, Jorge Pérez Flores (Somos Perú) cursó estudios en la Universidad Inca Garcilaso De la Vega para ser químico farmacéutico y para médico, en la Universidad de Chiclayo. Por su parte, María Gallardo (Podemos Perú) es abogada de profesión por la Universidad de Chiclayo.

Este común denominador en los integrantes de la comisión presidida por Luis Dioses Guzmán (Somos Perú) habría ocasionado una serie de decisiones en contra de la reforma universitaria en lo que va del año.

Cronología de trabas en el 2020

Mayo. La Comisión de Educación contrató a la abogada Yane Millones como asesora 1. Millones es esposa de Ángel Wu, exalcalde de Breña, quien ganó en 2014 bajo el partido Solidaridad Nacional. El principal aportante del partido fue José Luna Gálvez, el dueño de una universidad que no obtuvo la licencia de la Sunedu.

12 de junio. La Comisión de Educación del Congreso debatió el proyecto de ley para la creación de una instancia que regule el accionar de la Sunedu respecto a la denegatoria de licenciamiento de algunas universidades del país.

16 de junio. La Comisión de Educación del Congreso evaluó que universidades privadas con licencias denegadas se acogieran a un plan de rescate económico para continuar con su operación.

8 de julio. La Comisión de Educación aprobó plan de trabajo para investigar a la Sunedu por un plazo de 120 días, debido a las licencias otorgadas a la Universidad Tecnológica del Perú y a la Universidad Privada Peruano Alemana.

4 de agosto. El presidente Martín Vizcarra expresó en un mensaje a la nación que “la reforma universitaria no se negocia”, haciendo alusión a que los intereses particulares no prevalecerán.

Mejoras a la reforma universitaria

Luego de todo el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley Universitaria, existen ciertos aspectos que pueden ser mejorados para alcanzar la tan ansiada educación de calidad.

Para el expresidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, debe establecerse que no haya una reelección inmediata de rector en las universidades privadas sin fines de lucro, ya que existen autoridades que se quedan por largos periodos.

De igual modo, explica que se debe dar capacidad a la Sunedu para intervenir a aquellas universidades que presenten notorias irregularidades.

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