Durante los meses de junio y julio varios implicados en el Caso Gasoducto han decidido aproximarse al despacho de la fiscal Geovana Mori, integrante del equipo especial Lava Jato, para ampliar sus testimonios sobre dicha investigación.
El testimonio del aspirante a colaborador eficaz N° 02-2019, del último 10 de julio, detalla la participación de Miguel Ángel Ronceros Neciosup, abogado del estudio Delmar Ugarte, cuando era asesor legal de Pro Inversión. El profesional tenía como meta hacer que la empresa brasileña se adjudicara el proyecto a cambio de dinero.
En el último tramo de la licitación del gasoducto existían dos postores. Por un lado, el consorcio Gasoducto Sur Peruano, conformado por Odebrecht Latinvest y Enagás; y el consorcio Gasoducto Peruano del Sur, que contaba entre sus filas a GDF Suez, Sempra, Techint y TGI.
“Era claro que Odebrecht tenía una ventaja competitiva sobre otros potenciales competidores, que radicaba en el conocimiento que tenía de la nueva concesión del proyecto gasoducto que se estaba licitando, información sobre los peligros y los problemas medioambientales que podrían encontrar en la etapa de construcción del ducto”, expresó el aspirante a la fiscalía en el documento recogido por El Comercio.
El testigo asegura que Marco Harasic, gerente financiero de Odebrecht, le pidió a Ronceros buscar una manera de “premiar a quien llegara más rápido a la puesta en operación comercial, ya que Odebrecht tenía una ventaja competitiva por la adquisición de Kuntur”.
El testimonio recogido por el despacho de Mori, también confesó que le solicitó a Edgar Ramírez Cadenillas, entonces presidente del comité de Pro Seguridad Energética de Pro Inversión, desarrollar “a través de un único contrato con más de un tramo y tener un acercamiento”.
Según el aspirante, Harasic llamó a Ronceros y le informó “que el consorcio competidor había modificado su porcentaje de participación y que de esta manera se había autodescalificado”. Es así que “Harasic le ofrece a Ronceros pagarle US$ 300.000 si a Odebrecht se le adjudicaba la licitación”, detalla.
A pesar de este arreglo, Pro Inversión, a través de su comité de selección, le entregó un plazo al competidor de la constructora brasileña para que subsanara el problema, acto que ocasionó molestia en los ejecutivos de Odebrecht.
Una reunión entre Pro Inversión y los asesores del estudio Delmar Ugarte estaba programada para la noche del 29 de junio del 2014. El objetivo de esta cita, en donde también participó Miguel Ronceros, era tratar la decisión final que se tomaría sobre el consorcio integrado por GDF Suez, Sempra, Techint y TGI.
“Previa a esta reunión el señor Alfonso Garcés, integrante del gabinete del ministro de Economía y Finanzas Miguel Castilla (…) llamó al señor Miguel Ronceros, no recordando si fue vía telefónica o WhatsApp (…) y le indica que es del mismo parecer al informe preliminar sobre la descalificación e indicó que el MEF compartía la misma opinión”, también indica el testimonio.
El 13 de diciembre del año pasado, Barata ya le había contado a la fiscal Mori cómo es que Ronceros fue captado por Odebrecht, y que se produjo cuando el consorcio competidor comunicó a Pro Inversión que su composición accionaria había cambiado, días antes a la entrega de la buena pro. Por lo que, según Barata, Marco Harasic contactó a Ronceros, quien estaba de vacaciones en Brasil por el mundial de fútbol.
Es entonces cuando Harasic acuerda con Ronceros un soborno de casi US$ 500 mil para la emisión de un informe que no solo favorezca a Odebrecht, sino que también recomendase descalificar al consorcio competidor y así descartarlo.
Toda esta información se complementa con el testimonio recogido el pasado 10 de marzo de Rodney Carvalho, exdirector ejecutivo del Gasoducto Sur Peruano, al equipo especial Lava Jato en Curitiba, Brasil. En aquella oportunidad Carvalho señaló que Harasic “tenía una relación previa con alguien que le brindaba información de Pro Inversión.”
“Yo esta información la pasaba a Jorge Barata. Me pidió que le pagara una parte en efectivo de aproximadamente US$ 50.000”, continúa con los pormenores del proceso.
De acuerdo al exejecutivo, dicha suma de dinero adicional se le entregó a través de cuentas bancarias. “Hubo una conversación entre Barata y Harasic para establecer el pago”, narra Carvalho.
Asimismo, especificó al equipo especial que la identidad del ‘codinome’ ‘Magali’ correspondía al propio Miguel Ronceros. Y es en las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, donde figura este seudónimo como receptor de US$ 450.000 en cuatro armadas entre el 24 de octubre y el 23 de diciembre del 2014.
Al respecto, el estudio Delmar Ugarte señaló en su momento haber iniciado una investigación interna “muy rigurosa”. Para dicho fin incluso contrató a la compañía Control Risk. Pero sobre todo alegaron desconocer la actuación de Miguel Ronceros, su exsocio.
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