Silvana Carrión mantendrá el cargo de procuradora ad hoc del caso Lava Jato

Silvana Carrión Ordinola continuará oficialmente en el cargo de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato. Una resolución oficial del diario El Peruano ha renovado esta confianza en la funcionaria desde el último viernes 3 de julio.

Acorde con la decisión del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, se acordó entonces dar por concluida la designación de Silvana Carrión como procuradora ad hoc adjunto, y así abrir paso a sus funciones como jefa de este equipo de profesionales que se encarga de evaluar los montos de reparación civil en los casos que involucran a Odebrecht, Camargo Correa, OAS y otras compañías brasileñas con vínculos de corrupción en el país.

El pasado 12 de febrero, su antecesor en el cargo Jorge Ramírez fue removido por el procurador general Daniel Soria. “El retiro, en realidad, tiene que ver con fortalecer el sistema (...) la idea es que no se ponga en tela de juicio la labor del sistema, que no haya ningún atisbo de duda, ninguna duda sobre la actuación que se está llevando durante todos estos años”, agregó en una conferencia de prensa Soria.

A ello acotó también que sería Silvana Carrión quien reemplazaría provisionalmente a Jorge Ramírez. Ahora con la resolución oficial del diario El Peruano, la continuidad de la funcionaria queda asegurada.

Cabe precisar que los antecedentes que llevaron a la separación de Ramírez fue la solicitud de una reunión con el exministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu con representantes de Odebrecht. La constructora tuvo entonces la intención de recuperar la concesión del Gasosucto Sur, paralizado desde 2017.

Esta información se dio a conocer poco después de que la empresa brasileña demandara ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) al Estado peruano solicitando además US$1200 millones al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta solicitud de arbitrajes aún falta ser evaluada formalmente por dicho ente.

La polémica creció debido a que en noviembre de 2019 el Poder Judicial ordenó la entrega de S/524 millones por parte del Perú a Odebrecht debido a la venta de la Central Hidroeléctrica de Chaglla. Las partes del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht estuvieron de acuerdo con la devolución del dinero, puesto que, según Ramírez, la empresa necesitaba “oxígeno económico” para que continúe cooperando con las autoridades peruanas y no vaya a la quiebra.

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