Junta Nacional de Justicia reactiva destitución de Pedro Chávarry y Tomás Gálvez

La denuncia que el fiscal supremo Tomás Gálvez presentó ante el Congreso contra el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez tuvo repercusiones lejos del Ministerio Público. Todavía falta saber si actuará como un bumerán y pueda volverse y golpear a los que la arrojaron.

Pero, en principió, logró despertar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La renovada institución encargada de poner orden en la magistratura cayó en un letargo desde el 16 de marzo, cuando se decretó la emergencia nacional por la propagación del COVID-19.

Aparentemente, a los consejeros les pareció que la lucha contra la corrupción judicial y/o limpiar a las instituciones del sistema judicial de la injerencia política podía esperar hasta que llegará la vacuna contra el coronavirus. La realidad ha demostrado que la corrupción y la búsqueda de intereses políticos particulares no ha descansando.

Ayer se informó que el 18 de junio, el pleno de la JNJ decidió que a partir de mañana, lunes 22 de junio, se reactivarán los procedimientos y plazos en 53 procesos disciplinarios de destitución, 109 investigaciones preliminares y la revisión de más de 2.400 acuerdos del fenecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Esto incluye los procesos de destitución de los fiscales supremos Pedro Gonzalo Chávarry y Tomás Gálvez, así como de los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes, por sus presuntas pertenencia o vínculos con la red criminal Cuellos Blancos del Puerto, que se iniciaron el 20 de febrero último.

Mesa de partes virtual

A fin de cumplir este acuerdo, teniendo en cuenta la obligación de respetar el debido proceso y mantener el distanciamiento social, la Junta ha creado una Mesa de Partes Virtual. A través de esta instancia, la ciudadanía podrá presentar denuncias, en tanto que los investigados podrán entregar sus descargos.

Igualmente, la JNJ aprobó realizar, a pedido o de oficio, audiencias virtuales, a través de videoconferencias y otras tecnologías de comunicación para recibir la declaración tanto de investigados como de testigos, informes de peritos y escuchar los alegatos e informes de defensa, cuando corresponda.

“Al notificarse el inicio de los procesos disciplinarios a Chávarry, Gálvez, Figueroa y otros magistrados tuvieron un plazo de diez días para presentar su descargo, algunos ya lo han hecho y otros estaban en ese trámite cuando se declaró el distanciamiento social y se interrumpieron los plazos, ahora ese proceso va a culminar”, precisó un funcionario de la Junta.

Anotó que durante estos tres meses sus integrantes han estado revisando documentos y tomando acuerdos, pero no se podían realizar audiencias, interrogar a los peritos y testigos, y eso es lo que se empezará a realizar a partir de mañana “a fin de tomar una decisiones a la brevedad posible”.

El tiempo ahorra corre en contra de la Junta. En julio próximo vence el mandato del fiscal supremo Luis Arce Córdova ante el Jurado Nacional de Elecciones, y la Junta de Fiscales Supremos debe ratificarlo o nombrar a otro fiscal supremo.

Pedro Gonzalo Chávarry, Tomás Gálvez Villegas y Víctor Raúl Rodríguez Monteza hacen mayoría en la Junta de Fiscales Supremos y podrían decidir que uno de ellos vaya a integrar el JNE o designar a Pablo Sánchez Velarde, con lo cual dejarían sin apoyo a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

El regreso de Arce al Ministerio Público crea otro problema, pues debe asignársele una fiscalía, las que hoy están en manos de fiscales supremos provisionales: control interno, la primera suprema que ve el caso Cuellos Blancos y la segunda, que ve casos de corrupción.

La suspensión alejaría el peligro inminente

La Junta Nacional de la Magistratura puede suspender a uno de los dos fiscales supremos bajo investigación para aliviar la tensión que se vive en el Ministerio Público.

El ex fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry puede ser suspendido por su presunta pertenencia a la red de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ y haber interferido en la investigación a Fuerza Popular y Keiko Fujimori, en el caso Lava Jato en el Perú. Además, está en entredicho su ratificación de oficio como fiscal supremo por el desactivado CNM.

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