La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reactivará sus funciones a partir de este lunes 22 de junio, luego de flexibilizadas desde fines de mayo las restricciones a nivel nacional por la pandemia del coronavirus (COVID-19).
Mediante una resolución, la entidad que reemplaza al desprestigiado y extinto Consejo Nacional de la Magistratura, dispuso “el levantamiento de la suspensión de las audiencias previstas y de todos los plazos relativos a los procedimientos constitucionales y legales a cargo de la Junta Nacional de Justicia”.
Asimismo se autoriza con ello la realización de audiencias virtuales, como lo ha venido realizando desde los inicios del aislamiento obligatorio el Poder Judicial; así como la programación de aquellos incidentes que estuvieron previstos durante el estado de emergencia.
Las labores de la JNJ serán claves además porque se retomarán diversos procesos disciplinarios que quedaron pendientes desde febrero de este año. Entre ellos destacan precisamente los casos del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry y Tomás Gálvez Villegas.
Ambos, así como Víctor Rodríguez Monteza siguen ejerciendo funciones como fiscales supremos en el Ministerio Público y también son sindicados como miembros de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. En la última semana, Gálvez incluso denunció a su colega por distintos delitos, el fiscal supremo Pablo Sánchez, por un supuesto encubrimiento a Odebrecht en el acuerdo de colaboración eficaz.
Sánchez por su parte había investigado anteriormente a Gálvez y concluyó que existían indicios significativos para considerarlo como “parte clave” de la red que manejó a voluntad las ratificaciones y nombramientos de jueces y fiscales a nivel nacional.
En febrero último, la JNJ también abrió investigación preliminar contra los jueces Aldo Figueroa Navarro, César San Martín, Ángel Romero Díaz y Vicente Walde Jáuregui.
El engranaje de justicia se vio interrumpido sin sancionar ni investigar adecuadamente a quienes formarían parte de la red delictiva de Los Cuellos Blancos. Con esta resolución se oficializa sin embargo la reanudación de actividades.
La congresista Carolina Lizárraga envió además, el 10 de junio pasado, una carta al jefe de la JNJ, Aldo Vásquez, advirtiendo una posible reorganización de los investigados para retomar puestos importantes en la administración de justicia.
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