Ejecutivo priorizará liberación de presos por delitos menores

Tras recibir del Congreso facultades para legislar en materia penitenciaria ante la crisis sanitaria generada por la COVID-19, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, informó que elevará al Consejo de Ministros las medidas para reducir el hacinamiento de los 68 establecimientos penitenciarios del país. Indicó que se priorizarán los casos de internos procesados por delitos leves y los que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El Ejecutivo debatirá las propuestas para elaborar la ley que disminuirá la población penitenciaria, en el marco de la delegación de facultades que el pleno virtual le otorgó el sábado en la madrugada con 92 votos a favor, 5 en contra (UPP) y 32 en abstención del Frepap, Somos Perú y 3 de Podemos Perú.

La norma alcanzará a los presos que han cometido delitos menores y rechaza ese beneficio para los condenados o procesados por delitos graves como violación sexual, robo agravado, violencia contra las mujeres y su familia, corrupción en todas sus formas, tráfico ilícito de drogas, delitos contra la humanidad y contra el orden constitucional, lavado de activos, terrorismo y otros que tengan la misma lesividad.

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El ministro Castañeda explicó que se busca regular, mediante un marco jurídico, la salida de prisión de los reos que han cometido delitos menos nocivos y será el Poder Judicial quien se encargue de las excarcelaciones y de la revisión de las prisiones preventivas, considerando la coyuntura en el marco de la emergencia sanitaria.

De acuerdo al pedido de facultades sustentado por el premier y el titular de Justicia, se legislará sobre medidas de coerción procesal, beneficios penitenciarios, conversión de penas, vigilancia electrónica personal, rendición de penas y otras figuras que permitan evaluar la excarcelación de las personas condenadas por delitos leves.

La delegación de facultades es por el término de siete días calendario, contados desde la vigencia de la ley.

Evade responsabilidad

La congresista Rocío Silva Santisteban del Frente Amplio dijo que el Congreso no quiso asumir su responsabilidad porque no es un tema que dé réditos políticos y prefirió pasarle el problema al Gobierno. “Al Ejecutivo le compete ahora tomar las acciones urgentes, que debió tomar al principio, pero debe tener los cuidados necesarios para no liberar a delincuentes avezados y corruptos”, señaló.

Por su parte, Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE, consideró que el Parlamento ha subsanado la mala decisión de no haber aprobado la ley; pero ahora corresponde al Ejecutivo emitir una buena norma.

Sostuvo que la atención de las cárceles es imprescindible, debido a que la tasa de muertos y contagios es más alta que las personas en libertad.

Añadió que tanto la propuesta del Ejecutivo como del Poder Judicial excluyen a los autores de delitos graves, pues se trata de generar libertades sin poner en riesgo la seguridad, salud y vida de los internos.

Precisó que la norma no decide la liberación masiva, sino una valoración individual de los jueces. “El Ejecutivo saca la ley, pero los jueces son los que evaluarán cada uno de los casos, por lo que habrá un control adecuado”, declaró.

José Luis Pérez Guadalupe, también exjefe del INPE, consideró positivo que se haya desatado el nudo y ahora todo está en manos del Ejecutivo, que tiene que hacer un trabajo de bisturí para que quede bien clara la norma y los jueces puedan aplicarla correctamente.

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