INPE despide a 71 trabajadores durante la pandemia de COVID-19

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha optado por dejar sin empleo a 71 trabajadores del régimen CAS desde este 31 de mayo. La decisión llega en el momento más crítico del hacinamiento de los penales a nivel nacional y con un déficit alto de servidores que ayuden a mitigar los efectos de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Según relataron fuentes de La República a esta publicación, el jefe de Recursos Humanos del INPE, Gino Ñaupari Yacolca, comunicó esta medida a la Dirección de Tratamiento Penitenciario el último martes 12 de mayo a través de un oficio con la relación de setenta empleados que no podrán continuar con sus labores en la institución.

La carta dirigida a Rubén Ramos Ramos explica la “no renovación de contratos bajo el régimen laboral CAS que laboren en las áreas de Trabajo y Comercialización y de Asistencia Penitenciaria de las distintas dependencias del INPE a su cargo, los mismos que tienen vigencia solo hasta el día 31 de mayo de 2020”.

Entre los afectados figuran 14 técnicos administrativos, 16 psicólogos, 13 trabajadores sociales, 10 abogados, entre otros servidores de los penales de Juliaca, Huancavelica, La Oroya, Huaraz, Chachapoyas, Iquitos, Lurigancho, Chorrillos, Tumbes, Jaén, Trujillo, Huacho, Puerto Maldonado, Sicuani, Quillabamba, entre otras dependencias de todo el país.

Los contratos CAS eran de entre 4 y 5 meses desde enero y febrero de este año; no obstante, el INPE ha aprobado los despidos de decenas de trabajadores en un contexto donde se requieren más implemenetos de seguridad y más atenciones a los internos por los últimos motines que se registraron desde abril en varias cárceles a nivel local y regional.

Balance en rojo

Fernando Castañeda, ministro de Justicia explicó el miércoles de esta semana que las cifras en el INPE alcanzaron los 182 internos y 12 trabajadores fallecidos por el coronavirus.

La crisis ha envuelto a distintas instituciones que no estuvieron preparadas para un eventual colapso del sistEma sanitario. A ello se suma este nuevo capítulo de despidos laborales en pleno estado de emergencia, dejando un saldo considerable de personas que no pueden solventarse en esta situación.

Para el exdirector del INPE, José Pérez Guadalupe, “los policías, médicos y todo el personal sanitario de la institución son prioritarios”. En conversación con este diario recordó también que en el penal de Picsi, en Chiclayo, donde hubo dos motines hace algunas semanas, “no tiene gente trabajando y es tierra de nadie”.

“No entiendo por qué no seles renueva contratos a los CAS. De los 12 mil trabajadores que hay en el INPE, aproximadamente 4500 son CAS. Si no se les renuevan o estos renuncian porque a los de seguridad solo se les pagan S/1500 al mes, el INPE entra en un colapso. Más del que ya está”, puntualizó el exfuncionario.

Las críticas a la gestión actual del ministro Castañeda también fueron claras, pues hasta la fecha no hay un registro claro de las cifras de casos positivos y fallecidos en los penales. “Hay una total falta de transparencia en el Ministerio de Justicia. Desde el comienzo ha ocultado cifras porque la Defensoría del Pueblo se las pide y no se las dan. No quieren dar cifras”, finalizó.

Propuesta

Hasta la fecha, la propuesta legislativa para impedir despidos laborales durante el estado de emergencia por el COVID-19 fue del parlamentario del FREPAP, Daniel Oseda Yucra, el último 20 de abril.

La iniciativa comprende asimismo la protección de los trabajadores en régimen CAS y de locación de servicios. En el Pleno del Congreso de hoy, sin embargo, no se ha propuesto el debate del proyecto de ley porque continúa revisándose en las Comisiones de Trabajo y de Economía en el Parlamento desde el 8 de mayo.

Respuesta del INPE

"A partir de esta semana tenemos un nuevo jefe de la Unidad de Recursos Humanos del INPE: Carlos Jiménez. Él ha visto conveniente la renovación de estos contratos de 71 trabajadores CAS", precisaron desde el área de comunicaciones de la entidad penitenciaria.

De acuerdo con la versión oficial, Jiménez ingresó a esta área en reemplazo del anterior el último lunes 18 de mayo. "Hubo un nuevo proceso administrativo interno esta semana y se dejó sin efecto la medida anterior", indicaron.

A la pregunta de por qué se optó igualmente por dejar sin trabajo a los 71 trabajadores el 12 de mayo, respondieron que fue porque “se estaba buscando fuente de financiamiento”, ya encontrada en esta semana.