Defensoría del Pueblo insiste en que se optimicen medidas de seguridad en penales
Institución recalca la necesidad de garantizar el derecho a la salud de los agentes penitenciarios y las personas que se encuentren cumpliendo condenas.
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La Defensoría del Pueblo subrayó la importancia de redoblar las acciones del Instituto Nacional Penitenciario al abordar el tema del contagio del SARS-CoV-2 dentro de los establecimientos penitenciarios. Esto se dio a través de un comunicado publicado el 21 de mayo.
El pronunciamiento surgió a raíz del creciente número de movilizaciones registradas en los distintos centros penales del país.
De hecho, la entidad ha revelado que durante todo el período desde que se declaró al país en Emergencia Sanitaria, más de 10 motines han tenido lugar a nivel nacional.
Tan solo el 18 de mayo, en Camaná, Arequipa, un quebrantamiento del orden fue instigado por los reclusos del centro penitenciario, lo que resultó en agresiones en contra de dos agentes del lugar.
La Defensoría del Pueblo de la región pudo contactarse con los internos del centro y recoger aquellas quejas y pedidos legítimos para iniciar un trámite que permita resolver dichos problemas.
Ante esto, la institución considera necesario que el Instituto Nacional Penitenciario optimice las acciones relacionadas con la seguridad sanitaria y el plan para aliviar el deshacinamiento en las cárceles.
Dichos esfuerzos, especifica en el comunicado, “deben ser enfocados en dotar de mayores instrumentos de bioseguridad a favor de las y los trabajadores”.
Además, el documento oficial insiste en la necesidad de que se difundan correctamente las líneas de atención que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para aquellos familiares que deseen información precisa de sus seres queridos internos en alguna de las sedes penitenciarias del INPE.
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