Congreso debatirá ratificación del Acuerdo de Escazú para transparentar actividades extractivas
Si el Parlamento ratifica el Acuerdo de Escazú, habrá un significativo acceso a la información relacionada con las actividades extractivas en el país, como la minería, la pesca y la industria forestal.
El proyecto que plantea la aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe -más conocido como Acuerdo de Escazú debido a que fue suscrito en la localidad costarricense por 22 naciones, entre ellas por el Perú, en la localidad costarricense de dicho nombre-, se encuentra en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso listo para su debate prioritario.
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El Acuerdo de Escazú establece estándares mínimos para el ejercicio de los derechos del acceso a la información, la participación y la justicia ambiental y en la gestión de recursos naturales, e incluso podría contribuir a la reducción y resolución de los riesgos de los conflictos medioambientales.
Según el último reporte de abril de este año de la Defensoría del Pueblo, se registraron 188 conflictos, de los 128 están vinculados con problemas socioambientales (68%). Del total, 82 casos pertenecen al ámbito minero, 22 al de hidrocarburos y 8 a los residuos y saneamiento.
Una vez que entre en vigencia el Acuerdo de Escazú, este facilitará el acceso a la información, alentará la participación en la toma de decisiones y promoverá la justicia en temas ambientales.
“Es vital que entre en vigencia el Acuerdo de Escazú para la prevención de conflictos socioambientales en el país. Con la aprobación de la ratificación del tratado, el Congreso del Perú tiene la oportunidad de fortalecer la democracia ambiental en el país y en la región”, expresó la directora de Política de la organización Oceana Perú, Carmen Heck.
“Dada la importancia de los derechos de acceso y de la vigencia del Acuerdo de Escazú, Oceana recomienda que el Estado ratifique dicho instrumento internacional y promueva su aplicación para garantizar la transparencia y el ejercicio pleno y oportuno de derechos como el acceso a la información y participación en la gestión de recursos naturales. Esto contribuye al ejercicio de derechos humanos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad y a la salud”, apuntó Heck.
Por ejemplo, en el sector pesquero peruano la transparencia aún es incipiente, pese a algunos avances. Un estudio de la organización Oceana de 2017, señaló que el 95% de 202 encuestados del sector opinaron que la transparencia no se ejerce o se ejerce parcialmente.
La aplicación del Acuerdo de Escazú permitirá que el Ministerio de la Producción ofrezca información actualizada sobre los recursos pesqueros y la actividad pesquera de manera oportuna, organizada y sistematizada, y en formatos que permitan su reproducción y procesamiento. Además la información sobre los recursos y la actividad pesquera deberá ser actualizada en un periodo no mayor de cinco años.
Hasta el momento el Acuerdo de Escazú ha sido ratificado por los Parlamentos de Bolivia, Guyana, Jamaica, Uruguay, San Vicente y Las Granadinas, San Cristóbal y Nieves.
