Ejecutivo pide facultades para ley sobre los penales
Segundo intento. Congreso ya lo había rechazado en anterior solicitud. El Gobierno busca atender la emergencia en las cárceles por la pandemia de COVID-19.
Tras la decisión del Congreso de enviar al archivo dos dictámenes de ley para el deshacinamiento de los penales, el Poder Ejecutivo envió ayer una nueva solicitud de facultades legislativas, con el fin de asumir directamente la emisión del marco normativo para atender la crisis penitenciaria por la Covid-19.
Como se recuerda, en la sesión que se prolongó hasta la medianoche del sábado anterior, el Pleno del Congreso decidió no aprobar ninguna ley para viabilizar el deshacinamiento en los penales, dada la emergencia sanitaria, a pesar de que ya contaban con un dictamen en mayoría con aportes de las distintas bancadas.
Uno de los argumentos esgrimidos en aquella sesión fue que el Parlamento ya le había otorgado facultades sobre la materia al Poder Ejecutivo. “A ellos se les dio facultades para legislar, y su incapacidad nos trasladan al Parlamento”, comentó, por ejemplo, el congresista José Vega Antonio, de UPP.
Lo cierto es que Palacio, en efecto, había pedido facultades para emitir normas que permitan variar la situación jurídica de los internos a fin de dar viabilidad al deshacinamiento, pero el Congreso optó por mutilar del texto final ese extremo de la solicitud.
En un segundo intento, el presidente Martín Vizcarra envió ayer una nueva solicitud al Parlamento. Ahora piden siete días calendario, para emitir decretos legislativos en materia penal, procesal penal, penitenciaria y de justicia penal juvenil.
Palacio busca emitir normas orientadas a variar la situación jurídica de los internos con prisión preventiva que tienen procesos por delitos de menor lesividad. La apuesta va por variar la prisión por otras medidas restrictivas. También plantea la conversión de las penas de internos condenados por delitos leves. Además, hay una apuesta por mejorar los procedimientos para el acceso a los beneficios penitenciarios de semilibertad o libertad condicional.
Al cierre de edición, la Junta de Portavoces había decidido invitar al premier Vicente Zeballos y al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, para que sustenten la solicitud de facultades ante el Pleno del Congreso.
Emergencia penitenciaria latente
Según un último reporte, ya van 12 trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fallecidos por Covid-19.
Asimismo, hay hasta el momento 182 internos fallecidos por la misma enfermedad, en distintos penales del país.
Por otro lado, hay 674 trabajadores del INPE con Covid-19, y en similar situación se encuentran 1.223 internos.
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