Ya son casi 20 años desde que el Perú vive en democracia. Lejos de las reelecciones fraudulentas, la apropiación de medios, la compra de votos, el acoso a periodistas y la persecución de quien no está de acuerdo con el Gobierno.
El final del régimen de Alberto Fujimori —sin duda— marcó un punto de partida para la democracia en nuestro país la cual, aún precaria, trata de salvaguardar su decencia internacional.
Fue un domingo del 5 de abril de 1992 cuando el reo y exdictador anunció la disolución de todos los poderes del Estado con el afán de perpetrar la libertad y disminuir el equilibrio nacional.
“Por lo que he decidido tomar las siguientes transcendentales medidas. Primero, disolver, disolver, temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo la que se aprobará mediante un plebiscito nacional”, anunciaba Fujimori tras afirmar una serie de “anomalías” que, según dijo, no lo dejaban gobernar como él quería.
Tras ganar las elecciones presidenciales de 1990, el partido de Alberto Fujimori, Cambio 90, no logró alcanzar la mayoría parlamentaria que necesitaba para las reformas económicas y las “luchas antiterroristas” que planteaba el entonces mandatario, quien ya era investigado por violación de derechos humanos, actos de corrupción, apropiación de medios, entre otros supuestos delitos.
En efecto, el Parlamento, que tenía más congresistas del aprismo y el Fredemo, creó una comisión para investigar la matanza de Barrios Altos, perpetrada por el Grupo Colina el 3 de noviembre de 1991, siendo uno de los responsables intelectuales el mismo Alberto Fujimori.
Ante la negación del Congreso de aprobar la ley N° 25397 o Ley de Control Parlamentario, Fujimori acusó “una actitud irresponsable” debido a que no le permitían hacer los cambios que requería para la política económica y la lucha antiterrorista de ese tiempo.
“Esta actitud demuestra la total indiferencia del Parlamento ante el reclamo de austeridad, eficacia y seriedad en el trabajo legislativo, que ha hecho innumerables veces el ciudadano común y corriente”, demandaba el reo expresidente quien cumple una condena de 25 años en el penal Barbadillo.
Alberto Fujimori: razones y consecuencias tras el autogolpe del 5 de abril
El autogolpe dio pie a la creación del llamado ‘Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional’, dejando en suspenso la Constitución Política de 1979, por la cual Fujimori juró en el cargo de presidente de la República, el 28 de julio de 1990.
A pesar del rechazo de la comunidad internacional y la molestia de mayoría de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), Fujimori decidió utilizar a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Marina de Guerra del Perú para perseguir a sus opositores políticos, secuestrar periodistas, y adueñarse de medios de comunicación.
Tal es así que esa misma noche del 5 de abril los militares salieron a las calles a reprimir cualquier protesta. Asimismo, durante la madrugada del lunes, el periodista Gustavo Gorriti fue secuestrado y llevado a una cárcel del Pentagonito. Tras ser liberado tres días después, el hombre de prensa denunció el hecho a los medios de comunicación.
Posteriormente, el 17 de junio de ese mismo año, Fujimori convocó a un nuevo Congreso Constituyente Democrático, presidido por Jaime Yoshiyama, con el fin de elegir nuevos representantes al Parlamento y cambiar la constitución por una que se adhiera a los requerimientos del régimen autoritario.
El 31 de octubre de 1993 se realizó el voto popular por la nueva carta magna teniendo como resultado una nueva constitución luego que el gobierno obtuviera el respaldo, aunque reñido, de la ciudadanía con un 52.24 % frente al 47.76 % que se oponía a Fujimori.
La instauración de una nueva constitución enmarcó el recorte de derechos laborales y sociales, un claro ejemplo son las cientos de familias que aún no pueden encontrar justicia para sus familiares muertos o desaparecidos.
Alberto Fujimori
Otra de las medidas de Alberto Fujimori fue crear la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), para aumentar la presión tributaria en el país y llenar las arcas fiscales. Además, se despidieron a la mitad de los funcionarios públicos y se desreguló el mercado laboral.
La dictadura de Fujimori terminó el 14 de setiembre del 2000 cuando se descubrieron los denominados ‘vladivideos’ los cuales encarnaron los peores momentos del gobierno peruano. Aquí se vio claramente la compra de líneas editoriales, jueces, fiscales y congresistas opositores.
Esto derrumbo sin duda la confianza del país con el Gobierno fujimorista. Finalmente, el 19 de noviembre de ese año desde Tokio (Japón), Fujimori decidió renunciar por fax a la presidencia del Perú postulando luego al Senado Japones sin éxito.
Actualmente, Alberto Fujmori se encuentra internado en el penal Barbadillo donde cumple una pena de 25 años de prisión por autoría mediata en los casos La Cantuta y Barrios Altos impuesta el 2009 por el Poder Judicial.