La fiscal Geovana Mori sustenta la prisión preventiva que ha solicitado para Nadine Heredia y los exministros Luis Castilla y Eleodoro Mayorga en la existencia de una asociación ilícita que tuvo como objetivo crear las condiciones para licitar un Gasoducto a favor de Odebrecht.
Esa hipótesis incriminatoria se sustenta en las reuniones que Heredia habría sostenido en Palacio de Gobierno con ministros integrantes del Comité Directivo de Proinversión y diversos funcionarios públicos.
De allí deduce que Heredia había ejercido como funcionaria de facto por delegación de las facultades de su cónyuge y entonces presidente de la República, Ollanta Humala Tasso.
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Como indicios señala haber paralizado el proyecto Kuntur, la devolución de la carta fianza por 705,106.20 dólares, el nuevo proceso de concesión y la adjudicación de la licitación a favor de Odebrecht, con la condición de que no participe Graña y Montero.
De este último punto, se podría deducir que, para la Fiscalía, el beneficio de la organización delictiva encabezaba por Ollanta y Nadine era conseguir que GyM no participe en la licitación del Gasoducto.
En este punto, la fiscal no explica cuál es el derecho que tenía la constructora Graña y Montero y que se violó con ese condicionamiento.
Este es un vacío conceptual que también se advierte en la disposición de investigación preparatoria de este caso. Es clave definir las motivaciones personales para cometer un delito. Nadie comete un delito porque sí.
Así, Luis Castilla y Eleodoro Mayorga entran en la investigación porque serían los instrumentos de la organización. El papel de Castilla era participar, tomar acuerdos y suscribir las actas del Comité Directivo de Proinversión, que integraba como ministro de Economía y Finanzas.
A Mayorga le tocó bloquear la suspensión del proyecto Kuntur hasta que el contrato se revoque por causal de Fuerza Mayor y devolverles la carta fianza por 705,106 dólares. Luego, suscribir las actas de proinversión y designar a Edgar Ramírez Cadenillas como presidente del Comité de Proseguridad Energética, pese a tener un conflicto de intereses.
La fiscal sostiene que ninguno de los tres investigados tiene arraigo familiar y laboral, por lo que podrían fugar, pues tienen contactos en el exterior y las capacidades económicas suficientes para viajar.
Nadine tiene hijos, pero no tiene trabajo y al haber renunciado a la FAO el 2017 demuestra que tiene contactos en el exterior.
Luis Castilla reside en Washington con sus dos hijas, por lo que al haberse quedado a vivir en Lima, por el impedimento de salida del país, ahora no tiene trabajo y tampoco arraigo familiar, por lo que puede darse a la fuga. De Mayorga se indica que es jubilado del Banco Mundial y debe recibir una pensión considerable que le permitiría fugar.
El abogado Wilfredo Pedraza renunció a la defensa de Nadine Heredia en el caso del Gasoducto, en un escrito que remitió a la fiscal Geovana Mori.
Pedraza tomó esta decisión luego de que se conoció que el exministro Jorge Merino señaló que le pidió no declarar sobre las reuniones que había sostenido con Nadine Heredia para la licitación de Gasoducto del Sur.
Además de comunicar que deja la defensa de Heredia, Pedraza le pidió a la fiscal Mori que lo cite a declarar para aclarar la declaración de Merino.
Wilfredo Pedraza continuará en la defensa de Nadine Heredia en los casos de los aportes de Odebrecht y OAS.