El expresidente Ollanta Humala, quien es investigado por presunta recepción de coimas de Odebrecht, al igual que su esposa Nadine Heredia, negó las imputaciones en su contra.
Reiteró que son víctimas de una persecución política, principalmente de su cónyugue, a quienes la acusan como funcionaria, a pesar de que no lo es.
“Somos unos perseguidos, víctimas de un linchamiento mediático. La clase política no se da cuenta de lo que nos hace y que también se lo pueden hacer a ellos”, indicó.
Humala, al contrario, criticó al gobierno de Martín Vizcarra indicando que permite que Odebrecht “actúe en cancha libre “ y se “tumbe a ministros” de Estado como ocurrió tras la demanda que presentó ante el Ciadi por US$ 1,200 millones por el proyecto Gasoducto Sur Peruano.
“El Gobierno se patea los pies tontamente. No ha entendido que la problemática de Odebrecht corresponde a una política de gobierno en el que el presidente debe marcar la pauta, pero la tarea se la ha entregado a los fiscales. Odebrecht está actuando con la cancha libre. El presidente solo actúa de manera reactiva, pues no quiere ganarse problemas con nadie”, cuestionó en RPP.
En tanto, la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Geovana Mori, tiene esta semana para decidir si archiva o comienza la investigación preparatoria a los funcionarios del gobierno de Ollanta Humala por el caso del Gasoducto del Sur.
Atendiendo un reclamo de la defensa de Humala, el juez Juan Sánchez Balbuena determinó que la Fiscalía no puede establecer un plazo extraordinario para continuar con la investigación preliminar, como planteó la fiscal Mori.
El juzgado señala que el plazo máximo para una investigación preliminar compleja es de cuatro años, lo que en el caso del Gasoducto del Sur venció el 3 de febrero último.
La fiscal se impuso un plazo extraordinario de 20 días, pero el juez señaló que eso no se puede y concedió diez días para tomar una decisión.
Respecto a la situación de Odebrecht, la Fiscalía ya ha dicho que está a la espera de la verificación de las declaraciones en colaboración eficaz, para determinar si les reabre la investigación por Gasoducto o se mantiene el archivo que se decretó en septiembre pasado.