La Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema suspendió y reprogramó para el 26 de febrero a las 8:30 a.m. la diligencia para analizar un segundo pedido de extradición contra Alejandro Toledo Manrique y la ex primera dama Eliane Karp.
Contra Karp, cabe precisar, es el primer pedido que se hace por la investigación que se sigue en el caso Ecoteva. Además, la evaluación que harán los jueces supremos ese día será de forma reservada.
Primero deliberarán con la intervención del abogado Roberto Su y luego emitirán su decisión para que se admita o no el recurso de extradición contra la pareja de esposos. En caso se califique como “bien concedido” (es decir, aprobado), se convocará, ahora sí, a una audiencia pública.
El abogado del expresidente, Roberto Su, informó que la reprogramación de la audiencia se debe a que el juez César San Martín anuló la resolución en la que habían declarado improcedente su pedido para dar sus descargos, impidiendo de esta manera el uso de la palabra a la defensa.
No obstante, el juez supremo y presidente de la Sala Penal Permanente, César San Martín, ordenó que se anule esa decisión previa para que, en la próxima sesión, el abogado Roberto Su pueda argumentar en audiencia.
El nuevo pedido de extradición contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique, y ahora también contra la ex primera dama Eliane Karp, será analizado este martes por la Sala Suprema Penal Permanente de la Corte Suprema.
La medida solicitada por el Ministerio Público es parte del caso Ecoteva, investigación en contra del exmandatario y su esposa por el presunto delito de lavado de activos, tras supuestamente favorecer a Odebrecht y Camargo y Correa en la licitación de los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica Sur.
La audiencia de este martes está programada desde las 8:30 de la mañana y estará cargo de la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Caso Toledo.
Alejandro Toledo y Eliane Karp se encuentran actualmente en Estados Unidos, donde el ex jefe de Estado afronta en prisión un primer pedido de extradición por el caso Odebrecht.
Si este nueva solicitud es admitida por el Poder Judicial peruano, sería el segundo proceso legal para que regrese al Perú que enfrentaría Toledo Manrique y para Karp, el primero, ante el sistema estadounidense.
Según la acusación de la Fiscalía, el expresidente Alejandro Toledo durante su mandato, entre los años 2001-2006, habría recibido sobornos de la empresa Odebrecht y Camargo Correa, para luego beneficiarlas con la licitación de la carretera Interoceánica Sur, tramos 2, 3 y 4.
El empresario peruano israelí Josef Maiman confesó que actuó de intermediario para la recepción del dinero ilícito y que se convirtió también en el testaferro del exmandatario por la relación amical que tenían.
Testigo. Josef Maiman no recibirá pena por caso Lava Jato.
Maiman ha firmado una acuerdo de colaboración eficaz por el Equipo Especial del caso Lava Jato, y ha ratificado haber recibido las presuntas coimas que estaban dirigidas para el ex jefe de Estado. Detalló que los montos fueron entre 30 y 31 millones de dólares por parte de Odebrecht, y 4 millones de dólares provenientes de Camargo Correa.
El empresario israelí detalló que posteriormente depositó parte del dinero en empresas offshore constituidas en Costa Rica; entre ellas Ecoteva Consulting Group liderada por Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp.
El dinero habría sido utilizado por el matrimonio de Toledo y Karp, en inversiones en la compra de inmuebles y el pago de hipotecas de viviendas, como la ubicada en Las Casuarinas, Surco, por la que se pagó $3’737 215.00, y la de Camacho, La Molina, que costó $217 007.18. Además, $882 400.00 por la oficina y depósitos en la Torre Omega, Surco, y $277 308.96 por la hipoteca de la casa de playa de Punta Sal, Tumbes.
Alejandro Toledo y Eliane Karp: Corte Suprema verá pedido de extradición el 26
El Equipo Fiscal formuló acusación en junio de 2019 contra Alejandro Toledo, Eliane Karp y Avi Dan On, quien fue un trabajador de confianza del exmandatario. Contra los imputados por el presunto delito de lavado de activos en modalidad agravada, en el caso Ecoteva, solicitó 16 años y ocho meses de cárcel efectiva para cada uno.