La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió crear un Consejo Consultivo con la finalidad de “contribuir a las propuestas” que necesite dicha entidad para promover la participación ciudadana en el sistema de justicia en el país.
“...la Junta Nacional de Justicia, se considera conveniente crear un Consejo Consultivo integrado por personas de reconocida trayectoria académica, profesional y que están relacionadas con la temática del sistema de justicia, para que puedan contribuir a las propuestas a que este primer colegiado de la Junta Nacional de Justicia cumpla con las aspiraciones de la ciudadanía de una justicia eficaz, oportuna, confiable, transparente, eficiente e incorruptible", se lee en el documento firmado por el presidente de la entidad, Aldo Vásquez.
Esta nuevo organismo se encuentra integrado por 9 profesionales. Entre ellos: el excanciller Diego García Sayán, el periodista Jaime de Althaus, la exdefensora del Pueblo Beatriz Merino, el exministro de Justicia Víctor García Toma, el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García, el jurista Javier de Belaunde, la exfiscal de la Nación, Gladys Echaiz, así como los abogados Gorki Gonzales y Violeta Bermúdez.
Es así que el nuevo Consejo Consultivo tiene entre sus funciones “deliberar, analizar y proponer medidas y recomendaciones para coadyuvar en el proceso de institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia a fin de garantizar su autonomía e imparcialidad y el cumplimiento de sus funciones".
Por otro lado, la resolución precisa que también podrá “invitar a sus sesiones a expertos nacionales e internacionales y/o representantes de instituciones especializadas en la materia, y recibir aportes orientados al cumplimiento de su objeto”.
Asimismo, esta agrupación creada por la JNJ, presentará al Pleno los informes con las recomendaciones y propuestas que consideren pertinentes orientados al cumplimiento de sus funciones, en la periodicidad que estime necesaria.
Cabe mencionar que este viernes, la Junta Nacional de Justicia hizo público el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios que se empleará contra aquellos jueces y fiscales que sean cuestionados y comentan faltas que ameriten sanciones como son la destitución, remoción o una posible suspensión.