Poder Judicial acepta pedido de casación de alcalde Marcelo por “caso bloqueadores”

Wilson Aranda Roncal. Trujillo

El Poder Judicial aceptó el recurso de casación interpuesto por la defensa del alcalde provincial de Trujillo, Daniel Marcelo Jacinto y de otros imputados que fueron sentenciados por la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de La Libertad.

Daniel Marcelo, Edilberto Navarro Varas, Liz Miranda Medina, Luis Fernández Vílchez y Cintya Flores Flores, recibieron una condena de 4 años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, pues se les acusó de compra irregular de accesorios para bloqueadores de celulares que iban a ser donados al penal El Milagro en el año 2012, cuando Marcelo era titular de la comuna distrital de La Esperanza y sus coacusados eran funcionarios.

El documento que acepta la casación es la Resolución n.° 52 de la Sala de Apelaciones, fechado el 8 de enero de 2020.

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El 28 de noviembre de 2019 la Sala ratificó en segunda instancia la sentencia de 4 años impuesta por el 8° Juzgado Unipersonal de La Libertad en abril de 2019. Ante ello los sentenciados interpusieron recurso de casación.

“Estamos contentos de que se haya dado este primer paso a favor nuestro. Tenemos que esperar ahora a que se eleve el expediente a la Corte Suprema, en donde buscaremos que esta condena, a todas luces injusta, se revierta”, aseveró Marcelo.

Aceptó que en el “caso bloqueadores” pudieron haber errores administrativos, pero consideró que la Sala de Apelaciones fue muy severa al calificar dichos errores como sujetos a una condena penal.

“En la casación, justamente, uno de los argumentos principales ha sido ese: que todavía la Corte Suprema no ha sentado jurisprudencia en casos de delitos de negociación incompatible, es decir que faltas administrativas conlleven a una sentencia de tipo penal”, explicó el burgomaestre de Trujillo.

Daniel Marcelo se mostró confiado en salir bien librado ante la Corte Suprema, pues expresó que están llevando una estrategia de defensa legal sólida para que el órgano supremo jurisdiccional evalúe y pueda declarar nula la sentencia dada en Trujillo.