El legado de Blume
Un histórico ejemplo de impunidad.
Las declaraciones del expresidente del Congreso Daniel Salaverry ante la Fiscalía confirman la existencia de un esquema de obstrucción puesto en marcha por el fujimorismo para bloquear el proceso contra Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular por el financiamiento indebido de sus campañas electorales de los años 2011 y 2016.
Los datos suministrados y entregados físicamente indican que la excandidata fujimorista le pidió que le entregase personalmente un sobre lacrado al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, lo que él no hizo. El sobre fue entregado a la Fiscalía y se sabe que contenía las agendas del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. El propósito del encargo era perjudicar el presidente Vizcarra. Luego, Salaverry se encontró con Chávarry, quien le envió un mensaje para Keiko Fujimori.
La lideresa de Fuerza Popular también le pidió reunirse con César Hinostroza y le reveló que ella se había reunido ya con este, teniendo como intermediarios a legisladores del ala dura del fujimorismo.
Estas revelaciones son concurrentes con las del empresario Antonio Camayo, reveladas hace meses por La República, quien confirmó que Keiko Fujimori es la “señora K” y que Hinostroza se reunió con ella; y las brindadas por Jorge Yoshiyama Sasaki.
Es lamentable que a pesar del cúmulo de evidencias, una mayoría discutible del Tribunal Constitucional (TC) haya resuelto excarcelar a Fujimori, ignorando que en su caso se configura, precisamente, la causal de obstrucción para la prisión preventiva, y que no existe certeza de que estas actividades hayan cesado. En ese punto, la opinión del magistrado Carlos Ramos no es apoyado por ningún argumento idóneo.
La sentencia del TC en el caso Fujimori constituye el bochornoso legado de su expresidente Ernesto Blume, y resume un antecedente de nítido favorecimiento de una procesada por razones políticas, un juego de poder que este organismo debió evitar en cumplimiento de su misión. Quedan para la historia de la impunidad en el Perú sus increíbles explicaciones impropias de un juez constitucional, como que en los estatutos de Fuerza Popular no consta que se definen como una organización criminal, que un juez “debe tener corazón” o que su sentencia pretende poner fin al odio.
Esta sentencia, por sus números, su propósito y efecto inmediato, no agota la lucha contra la corrupción y lo avanzado hasta aquí en el caso Lava Jato, pero nos alerta sobre que la fuerza de las tramas ilegales es vigente y puede alcanzar hasta el nivel más alto de la justicia.
