Ramos es el ponente en demanda contra cierre del congreso

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió ayer elegir al magistrado Carlos Ramos como ponente en la demanda competencial del presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, contra la disolución del Congreso.

Pasado el mediodía y luego de una ardua discusión, a favor de esa elección votaron los magistrados Ramos Núñez, Marianella Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa-Saldaña. En contra estuvieron el presidente del TC, Ernesto Blume, y los colegiados José Luis Sardón y Augusto Ferrero.

En conferencia de prensa, Blume oficializó la designación. Ramos será encargado de elaborar un proyecto que recomiende admitir a trámite o no la demanda de Olaechea. La propuesta será sustentada, discutida y votada el 29 de octubre en el plenario del TC.

Al culminar la jornada, Ramos Núñez, en declaraciones a la prensa, aclaró que él tiene la libertad de tomar en cuenta o no el proyecto del coordinador de la Comisión de Procesos de Inconstitucionalidad y Competencias, Omar Sar Suárez, quien propuso −en un oficio enviado por e-mail a los magistrados el último miércoles− que se admita a trámite el conflicto competencial. “Esa será una decisión que le corresponda al ponente y luego al Pleno. Tengo plena libertad para hacerlo mío no rechazarlo”, aclaró.

Negó adelanto de opinión

Como se sabe, el 4 de octubre, en una entrevista a El Comercio, el magistrado Ramos consideró que la disolución del Parlamento no es una medida ilegítima. “Es un mecanismo constitucional previsto en la Constitución”, dijo entonces. Para los fujimoristas esto es un adelanto de opinión. Sin embargo, el letrado refutó esas especulaciones: “Las opiniones de los magistrados se hacen en el marco del proceso. En ese momento eso era una especulación y no había ningún proceso ingresado al TC”, respondió.

Y es cierto, para la fecha en que el jurista brindó esas declaraciones recién habían transcurrido cinco días desde que el presidente Martín Vizcarra había disuelto el Parlamento. El conflicto de competencias que iba a presentar Olaechea era entonces una especulación.

Se cayó Ferrero

Lo concreto, además, es que la elección de Ramos Núñez no es del agrado de quienes aún se aferran a recuperar sus fueros parlamentarios.

Minutos antes de que el TC le encomiende elaborar el informe del recurso del primo de Gonzalo Ortiz de Zevallos, el magistrado José Luis Sardón recomendó que su colega Ferrero Costa sea el delegado, según fuentes de La República. Pero solo ellos dos y Blume respaldaron esa propuesta, por lo que fracasó.

Este diario reveló que la asesora de Ferrero, Miluska Carrasco, fue quien orientó a Ortiz de Zevallos en los recursos que presentó para que lo nombren magistrado del TC.

Lo que se avecina

Por eso la designación de Ramos calmó las aguas en el máximo órgano constitucional del país, por ahora. El martes 29 de este mes sustentará su proyecto sobre la admisibilidad o no del caso.

En el peor de los escenarios, el magistrado podría sugerir que se acoja a trámite y el pleno del TC lo respalde. De ser así, según explicó a este diario Espinosa-Saldaña, el proceso competencial se admite y se tiene hasta 30 días hábiles para que el Ejecutivo responda defendiendo la decisión de Vizcarra. Luego, el tribunal convoca a una audiencia. Ahí ambas partes –el Congreso disuelto y el Ejecutivo–, a través de sus abogados, sustentarán sus posiciones. El ponente recogerá los argumentos para elaborar un nuevo informe y, en teoría, lo debería presentar 15 días hábiles después. Pero se sabe que ese lapso es elástico.

Transcurrida esa etapa, Ramos presentará un proyecto final. Los siete magistrados del TC se pronunciarían al respecto en tres o cuatro meses, casi cuando se realicen las elecciones congresales.

Según varios constitucionalistas hay tres desenlaces posibles: el tribunal rechaza la demanda, la aprueba y los congresistas retoman sus labores o la respalda para que sus efectos sean válidos a partir del próximo Parlamento.

La medida cautelar y Venecia

● Si el Tribunal Constitucional admite a trámite la demanda competencial de Olaechea, recién cuando el proceso se inicie podrá discutirse la medida cautelar interpuesta por el exoficialista para que se suspenda la disolución del Congreso hasta que el TC se pronuncie. “Primero hay que ver la demanda. Son pedidos separados”, refirió el magistrado Ramos, quien no descartó que en su informe también trate ese tema.

● Ramos tampoco negó que tome en cuenta el fallo de la Comisión de Venecia para la elaboración de su informe. Como se sabe, el lunes 14, dicho órgano no condenó las cuestiones de confianza planteadas por el Ejecutivo.