El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) decidirá el martes 29 de octubre si se admite o no a trámite la demanda competencial que presentó Pedro Olaechea contra el Poder Ejecutivo, con los que busca que se deje sin efecto la disolución del Congreso.
Designaron como ponente del caso a Carlos Ramos Núñez, quien será el encargado de elaborar el informe en el que se recomendará si se admite o no el recurso para que continúe le proceso en el TC.
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El Pleno del TC lo eligió con 4 votos a favor, de Marianella Ledesma, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Manuel Miranda y del mismo Ramos Núñez. Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero votaron a favor de que este último sea el encargado de ver el caso.
Ernesto Blume, presidente del TC, anunció en conferencia de prensa la fecha programada y los acuerdos tomados en la sesión del Pleno de este jueves. Entre ellos el rechazo de la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos como integrante de esta institución, explicaron que el proceso debía culminarse.
El magistrado Carlos Ramos explicó que si es que se admite a trámite la demanda competencial, recién se tendrá que evaluar si también se decide a favor de la medida cautelar, lo que no será necesariamente el mismo martes.
El tribuno señaló que el Pleno se dedicará a que el proceso sea “rápido y célere” por la importancia del tema. Prefirió no dar detalles del tema para no caer en adelanto de opinión.
Si es que los tribunos toman una decisión favorable al recurso interpuesto por Olaechea, el proceso demoraría un aproximado de tres meses. Pero si la medida cautelar también se admite, permitiría que los integrantes del Congreso disuelto regresen a las funciones legislativas.
Los recursos fueron presentados por Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente, en la que firmó como presidente del Congreso a pesar que la entidad legislativa está disuelta desde el 30 de setiembre.
Por este hecho el jefe de Estado, Martín Vizcarra, dijo que Pedro Olaechea está cometiendo usurpación de funciones y la Procuraduría de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) lo denunció por este delito que tiene hasta 7 años de pena privativa de la libertad.