Por fin las investigaciones que el Ministerio Público sigue a 49 de los ahora exparlamentarios, cuyos casos, antes de la disolución constitucional del Congreso, se encontraban estancados por la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, podrán progresar y, en los casos que corresponda, ser llevados al fueron judicial correspondiente, para que respondan por los delitos que habrían cometido.
De acuerdo al artículo 93 la Constitución, los ahora excongresistas solo tendrán el beneficio de la inmunidad parlamentaria “hasta un mes después de haber cesado en sus funciones”, es decir, solo hasta el próximo 30 de octubre.
Esta condición, sin embargo, tendrá aún unos meses más de duración para los miembros de la Comisión Permanente, pues este grupo continuará en funciones hasta que se elija a nuevos legisladores.
Los comicios para esta elección, vale recordar, fueron convocados por el presidente Martín Vizcarra para el 26 de enero del próximo año.
En la lista de exparlamentarios bajo la lupa de la Fiscalía se encuentran, entre otros, el aparente artífice de la caída de Pedro Pablo Kucyznski, Moisés Mamani; César Campos y Héctor Becerril.
Además, el Ministerio Público tiene pendiente pronunciamientos sobre las denuncias contra Luis Galarreta, la última vocera de la ahora disuelta bancada de Fuerza Popular, Milagros Salazar, Freddy Sarmiento y César Segura, por haber incurrido presuntamente "en graves irregularidades al haber archivado el 10 de junio de 2019 la acusación constitucional contra Pedro Chávarry.
En el caso de Moisés Mamani, la Fiscalía lo investiga por la sospecha de que gestionó de manera irregular presupuestos de obras para su región. En el caso de César Cámpos, el Ministerio Público lo tiene en la mira desde julio por presuntamente haber obligado a su exasesor a entregarle mensualmente mil soles de su sueldo.
El más comprometido, sin embargo, es el excongresista Héctor Becerril, quien aún gozará de inmunidad por ser miembro de la Comisión Permanente del disuelto Congreso.
Becerril es investigado por presuntamente haber utilizado su cargo como parlamentario —cuando lo era— para exigir a la Municipalidad de Huaral a fin de que esta le pagara a su hermano, Wilfredo Becerril, más de 280 mil soles, a cambio de que interceder para que se proporcionara más presupuesto para proyectos de agua, desagüe y alcantarillado.
Además, otra investigación contra el fujimorista está pendiente de evaluación, y se remonta a su periodo como presidente de la Comisión de Fiscalización, en el 2017.
Becerril fue denunciado por no haberle dado trámite a una denuncia contra el ex contralor Edgar Alarcón por la adquisición de 90 vehículos.
Por otro lado, Héctor Becerril también es investigado por la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada en Chiclayo por el fiscal Juan Carrasco Millones, quien, en el transcurso de sus investigaciones, identificó al exparlamentario como involucrado en el expediente de la banda delictiva “Los Temerarios del Crimen”.
Otras investigaciones que también podrán prosperar en el Ministerio Público comprometen al aprista Javier Velásquez Quesquén, Marisol Espinoza, Richard Acuña, Carlos Bruce, Marvin Palma, César Vásquez, Clemente Flores, Marita Herrera y Mercedes Aráoz.