Caso Susana Villarán: confirman comparecencia restringida para Gabriel Prado
Poder Judicial desestimó apelación de Gabriel Prado y exfuncionarios de la gestión municipal de Susana Villarán, implicados en presuntas sobornos de parte de Odebrecht.
La primera Sala de Apelaciones Permanente rechazó la apelación contra la medida de comparecencia con restricciones para el exgerente de Seguridad Ciudadana en la gestión de Susana Villarán, Gabriel Prado, y otros tres exfuncionarios.
Al extrabajador edil se le acusa de abrir una cuenta en la banca privada de Andorra para, presuntamente, recibir dinero de la constructora Odebrecht a favor de Villarán de la Puente.
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Con la resolución admitida el último 13 de septiembre, el Poder Judicial ratifica la medida cautelar contra los implicados Gabriel Prado, Marco del Mastro, Cecilia Lévano y Guillermo Loli.
Se les acusa del delito de asociación ilícita en agravio de la sociedad, como parte de una organización delictiva que estaría liderada por Villarán.
Las restricciones que deberán seguir son el presentarse al despacho fiscal las veces que sean citados, pasar por control biométrico cada 30 días en el Ministerio Público y no mudarse de sus respectivos domicilios. Además, deberán dar un pago de una caución de S/ 10 mil a favor del Estado en un plazo máximo de diez días.
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Captura resolución judicial.
Resolución Gabriel Prado.
El pasado 1 de julio, el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Jorge Chávez Tamariz, ordenó la medida cautelar, cuya resolución fue apelada por los implicados.
Prado, en todo momento, negó tener conocimiento de que su nombre iba a ser utilizado para abrir una cuenta bancaria. Sin embargo, la fiscal recalcó que se pone en cuestión el fin con que se abrió para captar los ilícitos de Odebrecht, por indicación de José Miguel Castro.
Villarán y Castro
Por este caso, la exalcaldesa Susana Villarán cumple 24 meses de prisión preventiva por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht y OAS. Es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos en agravio del Estado.
José Miguel Castro afronta 18 de prisión preventiva al ser acusado de ser el intermediario de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para las campañas del No a la revocatoria 2013 y de reelección en el 2014. Fue el brazo derecho de la exburgomaestre durante su gestión edil.