La destitución de diez jueces del sur en espera

Mónica Cuti y corresponsales

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) era el ente encargado de destituir jueces y fiscales que cometieran actos graves en el ejercicio de sus funciones. Dicho organismo fue disuelto en julio del año pasado. Denuncias de corrupción, que comprometieron a magistrados e integrantes de la CNM de entonces, lo condenaron a desaparecer.

Hay una gran cola de magistrados cuestionados a quienes se debe resolver su futuro. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidirá qué pasará con ellos en vista que asumirá las funciones de la CNM, sin embargo, a la fecha aún no se conforma.

Según la Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), este año hay 37 solicitudes a nivel nacional de destitución contra jueces que debe evaluar la JNJ. Del año pasado esperan más de 40 casos. Estos servidores que imparten justicia tienen serios cuestionamientos, pero podrían regresar a laborar en sus respectivas cortes superiores si los pedidos no son atendidos con prontitud o si presentan medidas judiciales.

Diez pedidos en sur

En el sur se solicitó expulsar a por lo menos 10 magistrados. Dos de esos pedidos provienen de Arequipa: el del juez de investigación preparatoria Gino Valdivia Sorrentino y un juez supernumerario de la provincia de Islay.

El caso de Valdivia fue un escándalo. En un operativo de la Policía Anticorrupción y la Fiscalía organizado en mayo de 2018 fue detenido cuando iba a recibir una coima de S/ 4 mil. El dinero lo entregaría la familia de una mujer que se encontraba recluida en el penal Socabaya por matar a su hija. Por el soborno Valdivia debía favorecer a la mujer y dejarla libre.

Las autoridades intervinieron su teléfono por seis meses. Así rastrearon su acuerdo ilegal y a sus cómplices, quienes están prófugos. Finalmente, una sala superior condenó a Valdivia a 9 años de prisión efectiva y a pagar 80 mil soles en retribución al Estado.

En Puno no solo hay propuestas para cesar a jueces, sino también suspensiones a estos y a servidores jurisdiccionales. En total suman 11, informó el jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma), Percy Lozada Cueva.

Todos los casos remitidos a la OCMA los elevará a la JNJ previa evaluación.

El juez titular de la ciudad de Lampa, Heriberto Raphael Paredes Lupaca, es protagonista del cuestionamiento más mediático. Es acusado de inconducta funcional por utilizar su despacho como un estudio jurídico donde asesoraba a litigantes. Además, medios de comunicación difundieron audios en los que Paredes tendría conversaciones con litigantes y se comprometía a devolver dinero que pidió antes para favorecerlos.

Lozada señaló que Paredes ya fue sancionado con 6 meses de suspensión y están a la espera de la respuesta a la destitución.

Información de la Ocma indica que en Cusco hay 4 pedidos de destitución, en Tacna hay dos y en Moquegua ninguno. El jefe de la Odecma en Moquegua, Wilber Gonzales Aguilar, señaló que en los últimos años, su distrito judicial se ha caracterizado “por su eficiencia y cero corrupción” y que por esto no hay solicitudes de expulsión.

En caso de los fiscales

Los pedidos de destitución también son para fiscales. El jefe de Control Interno del Ministerio Público en Moquegua, Paúl Gómez, informó que no hay pedidos de destitución, pero sí impusieron amonestaciones a cinco fiscales adjuntos, principalmente por falta de celeridad en las investigaciones.

En Arequipa habría tres solicitudes de Control Interno para expulsar fiscales, mientras que en Tacna existe una que ya fue elevada a la Junta Nacional de Fiscales Supremos. Esta entidad deberá remitirla a la JNJ si lo amerita.

Para el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tomy López, la demora en la formación de la Junta Nacional de Justicia está afectando la institución, pues en la actualidad fiscales cuestionados permanecen en el Ministerio Público. No son retirados definitivamente y en su lugar hay suplentes.

Pueden regresar

El hecho de que un juez o fiscal se encuentre suspendido y que una medida cautelar le impide ejercer su función, no significa que no pueda retornar a su puesto, señaló el jefe de la Odecma Arequipa, Jhonny Cáceres.

“Esto sería muy grave, pues para que la Odecma u Ocma pida la destitución de un magistrado este debe haber cometido un acto muy grave que lo amerite y no una simple amonestación”, señaló Cáceres.

Explica que si la JNJ no se instala con celeridad, los cuestionados pueden presentar una acción de amparo alegando el derecho al trabajo. Y es que no se conoce en qué fecha se evaluará sus suspensiones, lo que también los perjudica. Además, es un dilema si la JNJ ratificará la destitución o no hallará responsabilidad en ellos.

“Destituciones no serían prioridad”

El jefe de la Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura en Arequipa, Jhonny Cáceres, observó que si la Junta Nacional de Justicia se conforma estos meses, no puede asegurar que los pedidos de destitución sean su prioridad.

Precisó que cuando se forme la Junta, deberá revisar las ratificaciones y nombramientos de magistrados de los dos últimos años.

Por esto señaló que es necesario que se den facultades temporales a la Corte Suprema para que resuelva estos casos cuanto antes.