Por: Angela Ccanto Buendia
Por primera vez en la historia del Perú, un fiscal supremo en actividad afronta un proceso penal. Ayer, el juez Hugo Núñez Julca, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, acogió la denuncia fiscal y abrió investigación sumaría al ex fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry, por el presunto delito de encubrimiento real.
Núñez Julca tomó esta decisión en una audiencia pública. Los hechos por los que se investigará a Chávarry, indicó el juez, son dos. Uno, exigir al Equipo Especial del caso Lava Jato información sobre los avances del preacuerdo reservado de colaboración eficaz con la constructora brasileña Odebrecht.
Luego, por remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial, aunque, ante la protesta ciudadana, dejó sin efecto su decisión.
El proceso es con comparecencia simple. Además, se tramitará con el Código de Procedimientos Penales del año 1940, aún vigente en Lima. Esto supone que el juez Núñez Julca dirigirá y realizará la investigación.
Igualmente, al ser un proceso sumario, al concluir la investigación y luego de que la fiscalía presente la acusación, el mismo juez Núñez Julca emitirá la sentencia.
La Fiscalía Suprema no solicitó alguna medida coercitiva contra Gonzalo Chávarry. La pena máxima por encubrimiento real es de cuatro años de prisión, lo que podría acarrear su separación del cargo de fiscal supremo.
La audiencia inició a las 9:00 a.m. en punto, con la intervención del fiscal supremo adjunto Alcides Chinchay. Este indicó que Chávarry cometió un fraude a la ley. “Él sabía que sus actos y solicitudes podrían afectar el proceso de colaboración eficaz entre la Fiscalía y Odebrecht y, a pesar de ello, continuó con el pedido de información, que es reservada, por mandato de la ley”, precisó el fiscal.
Además, argumentó que a pocos días de realizarse la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, removió al fiscal superior Rafael Vela y José Domingo Pérez de sus cargos.
Esto, explicó Chinchay, habría tenido como finalidad dificultar el acopio de medios probatorios sobre Odebrecht con el único objetivo de sacar a miembros del partido político Fuerza Popular, que están siendo investigados por el Equipo Especial.
Núñez Julca autorizó a Chávarry intervenir y complementar su defensa. El ex fiscal de la Nación aseguró que no se arrepiente de haber destituido de sus cargos a los fiscales Vela Barba y Pérez Gómez. Además, criticó que Odebrecht no sea investigada como una organización criminal.
Previamente, el abogado de Chávarrry, Julio Rodríguez rechazó los argumentos del fiscal al indicar que las acusaciones no tienen ningún tipo de correlato con la realidad.
Anotó que el Congreso de la República no aprobó ninguna acusación contra Chávarry que lo vincule a una organización criminal. También, aseveró que el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público faculta al fiscal de la Nación solicitar información sobre los casos de interés público.
“Mi patrocinado no ha actuado por capricho o soberbia al pedir información sobre el caso de Odebrecht. Pedro Chávarry ha actuado dentro de la ley porque esa es la facultad que le atribuye el cargo”, precisó Rodríguez.
Agregó que la remoción de los fiscales Vela y Pérez, era una prerrogativa del fiscal de la Nación y que no existió ninguna obstrucción, ni abuso de autoridad y tampoco un acto de ocultamiento de información.
Luego de anunciar el inicio de la investigación, el juez Hugo Núñez dio a conocer las diligencias que realizará para esclarecer los hechos denunciados.
En primer lugar, llamará a declarar a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez y al ex secretario general de la Fiscalía de la Nación Aldo León Patiño.
Asimismo, se recogerá el testimonio de los fiscales Marcial Páucar y Frank Almanza, quienes habían sido nombrados en reemplazo de Vela y Pérez. Además de otros testigos que ofrezca la defensa de Chávarry.
El Pleno del Congreso aprobó el 24 de julio que solo se debería denunciar e investigar a Chávarry por el presunto delito de encubrimiento real por solicitar información del acuerdo con Odebrecht y retirar a los magistrados Vela y Pérez del Equipo Especial Lava Jato. Las otras acusaciones, más graves, fueron archivadas.