Fiscalía consigue 10 nuevos colaboradores eficaces para caso Keiko
Testigos decisivos. Sus respectivos cuadernillos fueron enviados por el fiscal José Domingo Pérez al juez Víctor Zúñiga Urday para que proceda a la aprobación. Las personas han entregado, además de testimonios relevantes, documentación que confirma la imputación de la Fiscalía sobre lavado de activos.
Por: Doris Aguirre | Enviada especial
Sao Paulo, Brasil. El fiscal José Domingo Pérez consiguió que 10 imputados por presunto lavado de activos en el financiamiento de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori, accedieran a acogerse a la colaboración eficaz y entregaran información relevante para el esclarecimiento de los hechos.
Estas personas ya formularon declaraciones formalmente y cada una recibido el respectivo código de confidencialidad, por lo que el fiscal Pérez remitió los respectivos cuadernillos al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, que despacha el magistrado Víctor Zúñiga Urday. El juez debe aprobar las solicitudes de colaboración eficaz para que las manifestaciones de los testigos se incorporen al expediente abierto contra Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka, Pier Figari Mendoza, Augusto Bedoya Cámere, Ana Herz de Vega y Luis Mejía Lecca, entre otros exmiembros de la cúpula del partido fujimorista durante las elecciones presidenciales de 2011 y 2016.
Antes de entregar al juez Víctor Zúñiga los mencionados cuadernillos, las manifestaciones de los aspirantes a colaboradores eficaces fueron corroboradas y contribuyeron a confirmar la imputación del fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular, en el sentido de que la organización política recibió fondos ilícitos, por lo que montó un sistema de encubrimiento y de lavado con falsos aportantes, para que no se conociera la procedencia de los caudales, dijeron fuentes de La República vinculadas con la investigación del caso.
Al respecto, la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, en distintas ocasiones ha afirmado que su cliente jamás tuvo contacto con Jorge Barata y que tampoco recibió ningún dinero de Odebrecht, ni por intermedio de una o varias personas.
Información acreditada
Documentos sobre transferencias de dinero, identificación de cuentas bancarias, direcciones donde se registraron entregas de dinero, personas que sirvieron como falsos aportantes y testigos sobre el presunto conocimiento que tuvo Keiko Fujimori de los hechos, son parte de la evidencia entregada por las personas que se han acogido a la colaboración eficaz y que, según el fiscal Pérez, tienen mérito suficiente como para que el juez Víctor Zúñiga proceda sin problemas a la aprobación de los pedidos.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la nueva información sustenta la principal hipótesis de la Fiscalía sobre el financiamiento ilegal y el lavado de activos que perpetró la organización de Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) durante las campañas presidenciales de Keiko Fujimori.
Precisamente, durante el interrogatorio al exsuperintendente de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, que se cumplió el martes último en Sao Paulo, el exfuncionario brasileño ratificó que entregó US$ 1 millón 200 mil para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.
Barata reiteró que fue el exjefe de la campaña y tesorero del partido fujimorista Jaime Yoshiyama Tanaka quien coordinó el desembolso de US$ 1 millón en efectivo. Primero, en 2010, fueron US$ 500 mil, y luego otros US$ 500 mil, en 2011. En la segunda ocasión fue porque el entonces candidato Ollanta Humala había comenzado a disputar el primer lugar en las preferencias y la candidata Fujimori requería fortalecer la publicidad electoral. En este contexto, de acuerdo con Barata, y para la misma finalidad, Odebrecht suministró US$ 200 mil a la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) para financiar una campaña a favor de Keiko Fujimori y contra Humala.
De acuerdo con fuentes de La República, durante las declaraciones Jorge Barata aseguró que en breve proporcionará la documentación fedateada que confirma el desembolso de fondos del denominado Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht -la oficina de pagos ilícitos- a la campaña de Keiko Fujimori.
De acuerdo con los actuados fiscales en el caso, parte del dinero que recibió Jaime Yoshiyama Tanaka se lo entregó en efectivo a su sobrino Jorge Yoshiyama Sasaki, quien a su vez organizó un sistema de falsos aportantes que depositaron los fondos a las cuentas de la campaña de Keiko Fujimori, que el mismo Jaime Yoshiyama manejaba.
La defensa de Jaime Yoshiyama, a cargo de Humberto Abanto Verástegui, rechazó la imputación de la Fiscalía y aseguró que el dinero era lícito y lo había proporcionado el empresario Juan Rassmuss Echecopar. Lamentablemente, Rassmuss no puede declarar porque falleció el 30 de marzo de 2016. Sin embargo, Jorge Yoshiyama terminó por confesar que, efectivamente, su tío Jaime Yoshiyama le entregó el dinero en su propio dormitorio y que le pidió que buscara a personas para que hicieran los falsos aportes. La República ha publicado por lo menos una veintena de testimonios de falsos aportantes que confirmaron que Jorge Yoshiyama les dio los fondos para depositarlos a las cuentas del partido naranja que manejaba su tío Jaime Yoshiyama.
Un gran avance
"Se han obtenido elementos importantes y valiosos que contribuyen en la investigación, y no solo por los testimonios en sí, también por los documentos proporcionados", señalaron las fuentes.
“Toda la información está especificada y explicada en las carpetas presentadas al juzgado. Se trata de un gran avance que refuerza la hipótesis de la Fiscalía”, añadieron.
Entre las 10 personas que se han acogido a la colaboración eficaz se encuentran exintegrantes de Fuerza Popular muy cercanos a la cúpula dirigencial, por lo que fueron testigos de hechos y tuvieron acceso a documentación relevante.
Quizás por esta razón, el 31 de julio último el fiscal José Domingo Pérez emitió la Disposición N° 113 que decreta la inclusión del partido Fuerza Popular, como persona jurídica, en la investigación por presunto lavado de activos que se sigue contra Keiko Fujimori y otros, basándose en las normas sobre Organización Criminal y Lavado de Activos. La disposición, que recién se conoció este miércoles cuando la difundió La República, permite al fiscal Pérez requerir como medidas preventivas la clausura de locales partidarios, la vigilancia judicial de los mismos, o la suspensión total o parcial de sus actividades, e incluso nombrar un administrador judicial.
Según la Disposición N° 113, “se habría constituido una organización criminal en el interior de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), que tenía entre sus fines obtener el poder político del Ejecutivo, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción que durante su actividad empresarial ejerció la empresa brasileña Odebrecht (...), para luego, estando en el poder, se retribuyeran estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, continuando así con un mecanismo de corrupción empresarial y estatal”.
El “Núcleo Duro” de la organización estaba compuesta por Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pier Figari y Ana Herz. Los “Captadores de los Activos Ilícitos” fueron Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, según la descripción del fiscal.
La organización criminal que se formó dentro del partido fujimorista recurrió al delito de lavado de activos para introducir dichos fondos en la campaña presidencial de Keiko Fujimori, mediante el uso de falsos aportantes.
Organización
- Núcleo duro. Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa y Pier Figari.
- Captadores de dinero ilícito. Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.
- Administradores de activos. Adriana Tarazona de Cortez y Carmela Paucará Paxi.
- Administradores del partido. Antonieta Gutiérrez Rosati, Ana Matsuno Fuchigami, Rafael Herrera Mariños y Erika Yoshiyama Koga.
Suprema resuelve hoy casación
- La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside Hugo Príncipe Trujillo, resolverá en la mañana de hoy la casación interpuesta por Keiko Fujimori contra la detención preventiva por 36 meses por presunto lavado de activos.
- Para la abogada defensora, Giulliana Loza, no existe sustento para que su patrocinada cumpla con mandato de prisión porque no se cumplen con los presupuestos legales para el mismo. Por ejemplo, no existe peligro de fuga, tiene domicilio conocido y no amenaza el desarrollo de las investigaciones.
- El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, vinculado con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, opinó a favor de excarcelar a las dos veces excandidata presidencial. De fallar el colegiado en contra, la defensa recurriría al Tribunal Constitucional, como lo hicieran en su momento Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, también investigados por recibir dinero de la constructora Odebrecht.
- Loza también sostiene que las declaraciones de los aspirantes a colaborador eficaz no han sido debidamente corroboradas, por lo que no se puede ordenar el encarcelamiento sin la existencia de pruebas.
