Por Diego Quispe Sánchez
La relación entre el Ejecutivo y el Congreso, en este segundo año de gestión del presidente Martín Vizcarra, tuvo turbulencias que datan, principalmente, del 10 de abril, cuando el Gobierno presentó las 12 propuestas de ley de reforma política, elaboradas por la Comisión de Alto Nivel, presidida por el sociólogo Fernando Tuesta.
En el Parlamento, en principio, el fujimorismo, el Apra y sus aliados, rechazaron las iniciativas de ley del Ejecutivo que, por reglamento, iban a discutirse con carácter de urgencia en la Comisión de Constitución, dirigida por Rosa Bartra.
Sin embargo, un mes después de haberse presentado estas iniciativas, ningún proyecto tenía dictamen: el cronograma de la comisión de Bartra no le había dado prioridad, lo que, para el premier Salvador del Solar, era “una falta de voluntad en el Congreso”.
Hasta ese momento, las propuestas que generaron mayores discrepancias eran las de democracia interna en los partidos políticos, el financiamiento en campaña electoral, la paridad de género y el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Y para encrisparse los ánimos, el 16 de mayo, Constitución archivó, con votos de Fuerza Popular, Apra, Acción Popular y APP, la iniciativa de ley que facultaba a la Corte Suprema a retirar el fuero a los parlamentarios con problemas judiciales. Dos semanas después, con 18 votos naranjas, la Comisión Permanente rechazó inhabilitar al fiscal Pedro Chávarry, vinculado a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Estos veredictos fueron alicientes para que el presidente Vizcarra plantee cuestión de confianza el 29 de mayo, por seis propuestas de ley de la reforma. En su mensaje, el jefe de Estado criticó el desempeño del Parlamento. “No vamos a permitir que con triquiñuelas paren la reforma que el país necesita. ¡Basta de blindajes!”, manifestó.
Por eso, el 4 de junio, el primer ministro acudió al Hemiciclo a sustentar la confianza. El pedido se basó en seis proyectos de ley: impedimentos para ser candidato, democracia interna, inscripción y cancelación de partidos, financiamiento indebido, paridad y alternancia e inmunidad parlamentaria. Como se mencionó, este último había sido encarpetado en mayo, pero el Ejecutivo insistió con la propuesta. “No está en juego la supervivencia del Gabinete o el Congreso, sino la confianza del pueblo en la democracia”, expresó Del Solar en el Pleno.
Durante el debate, la reforma recibió fuertes críticas de Bartra, quien, pese a ser presidenta de Constitución, adelantó opinión. Y sus colegas de bancada, el Apra y los conservadores la apoyaron.
El legislador Gilbert Violeta, por su parte, buscó presentar una demanda competencial para que el Tribunal Constitucional (TC) resuelva si el Ejecutivo puede o no pedir la confianza por iniciativas legislativas con reajustes en la Carta Magna. El pedido del exoficialista no tuvo éxito y, al final, el pedido de confianza se sometió a votación, pese a los cuestionamientos, el primer ministro y la reforma obtuvieron luz verde: 46 parlamentarios (33 de Fuerza Popular) a favor, 27 en contra y 21 abstenciones. De esa manera, el Congreso se comprometía a priorizar las propuestas de ley del Ejecutivo y a aprobarlas antes de que culmine la legislatura.
Así, el viernes 7 de junio comenzó el debate de las seis iniciativas de ley en Constitución. El primer proyecto a analizarse fue el que impide postular a los sentenciados en primera instancia. Cuatro días después, la comisión de Bartra aprobó su texto sustitutorio.
El 25 de junio se dictaminó la segunda reforma sobre inscripción y cancelación de organizaciones políticas. Luego, el 9 de julio, Constitución dictaminó la propuesta de democracia interna para que los partidos realicen elecciones primarias, abiertas y obligatorias, con sus militantes y la ciudadanía, en los comicios generales del 2021.
Dos días después, en primera votación, el Pleno aprobó la propuesta de inscripción y cancelación de partidos. Hasta ahí parecía que el ritmo del Congreso era bueno y se respetaría la esencia de los proyectos iniciales. Pero para el 15 de julio, a falta de 10 días para que venza el plazo asumido por el Congreso con el voto de confianza, la comisión Bartra retenía tres iniciativas: regulación del financiamiento indebido en partidos, paridad y alternancia, y levantamiento de inmunidad.
Recién el viernes 19, Constitución tenía listos los textos sustitutorios de esos proyectos, pero con modificaciones cuestionables que fueron corregidas por protestas de la izquierda y el oficialismo. Ese día, por ejemplo, Del Solar expresó a Canal N que no estaba conforme con el dictamen de levantamiento de inmunidad, pues el Congreso se mantenía como la única entidad facultada para levantar el fuero a un legislador.
Sin llegar a un consenso en ese punto, el lunes el Pleno inició la discusión de las propuestas del Ejecutivo. Pero la denuncia de la exoficialista Janet Sánchez contra Del Solar, sobre un supuesto favorecimiento a Salaverry para que él no sea sancionado por la Comisión de Ética, y el debate por el retorno de Kenji Fujimori estancaron el debate. Al día siguiente, con los ánimos calmados, el Pleno respaldó las iniciativas sobre democracia interna, financiamiento de partidos e impedimentos para ser candidato. No obstante, el jueves 25, cuando estuvo a punto de votarse los proyectos sobre paridad e inmunidad, Violeta retomó su demanda competencial para que el TC defina si el Ejecutivo puede plantear cuestión de confianza por reformas constitucionales. Este pedido fue respaldado por 90 legisladores.
La maniobra de Violeta retrasó la votación de las dos reformas pendientes y, peor aún, al final el resultado fue negativo: la paridad en las listas, apoyada por 106 congresistas, será gradual y sin eliminar del todo el voto preferencial; mientras que 95 legisladores respaldaron el texto final del dictamen que, al contrario de lo que proponía el proyecto inicial, seguía dejando en manos del Congreso el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
Así las cosas, solo en el mensaje del 28 del presidente Martín Vizcarra se conocerá si el Gobierno considera que la confianza fue respetada o no.
- Falta segunda votación. Los proyectos de ley que impiden postular a sentenciados y de levantamiento de inmunidad parlamentaria, volverán a ser votados a partir de agosto. Son iniciativas de reforma constitucional y, de acuerdo a la Carta Magna, deben ser ratificados con 87 votos en el Pleno y en dos legislaturas.
Salvador