
Por: Rufino Motta
La última palabra la tendrá el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto, Bartolomé Copaja. Deberá atender la solicitud de un fiscal quien planteó que el presidente Martín Vizcarra Cornejo, no se le investigue hasta la culminación de su mandato (2021).
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Se trata de una denuncia originada tras su mandato como gobernador regional (2011-2014). El presunto delito es negociación incompatible por presuntos pagos indebidos a un supervisor del proyecto de construcción de la represa Chirimayuni.
Las investigaciones ya culminaron y están en la etapa intermedia. Al Fiscal Anticorrupción, Walker Ríos Calisaya le corresponde presentar la acusación para su control y luego viene el juzgamiento. Pero el magistrado no pudo continuar con esta fase por un impedimento legal. De acuerdo al artículo 117º de la Constitución Política, el mandatario goza de la inmunidad presidencial. Por ello pidió la desacumulación (división) del expediente 48-2016.
Solicitó que que la acusación a Martín Vizcarra sea postergada hasta después que culmine su mandato, el 28 de julio del 2021 y respecto a los otros implicados se prosiga con el proceso penal.
“Así como está (la acusación) perjudica el avance del proceso y sobre todo la acusación a los otros denunciados por peculado doloso.Ya van más de dos años. Si esperamos hasta el 2021, van a transcurrir 5 años y, si contamos desde el momento de la comisión del hecho, 2011, más de 7 años. Esperar hasta el 2021 afectará los plazos y los intereses del Estado”, explicó ayer el fiscal durante la audiencia en la sede judicial.
El pedido no tuvo la oposición del abogado de Martín Vizcarra, Álvaro Rubianes y tampoco del coordinador de la Procuraduría Anticorrupción, Carlos Ponce.
Tras escuchar los alegatos, el titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Mariscal Nieto, señaló que notificará en el plazo de ley. Pero para el fiscal Ríos Calizaya lo más probable es que el pronunciamiento sea favorable.Además del presidente, se les procesa al exdirector de Superivisión del gobierno regional, César Ramos, Víctor Mirelesi, Iván Obispo Cabrera y Félix Terreros. Estos dos últimos son representantes del Consorcio Chirimayuni encargado de la supervisión. Según la investigación fiscal los exfuncionarios otorgaron la conformidad a seis valorizaciones, pese a que no se hicieron las supervisiones externas. Vizcarra habría avalado las valorizaciones 4,5 y 6. Esto permitió al consorcio apropiarse de unos S/.637 mil.





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