Por: Carlos Aguilar Ávila
La Comisión de Ética, que preside Janet Sánchez, tiene una larga lista de graves denuncias que analizar contra congresistas de la bancada de Fuerza Popular.
En una próxima sesión -se estima que sea mañana o el próximo lunes- se decidirá si se pone al voto abrir o no una indagación preliminar contra la “polémica” fujimorista Úrsula Letona y su colega de bancada, Freddy Sarmiento, acusados de un presunto tráfico de influencias en el sector pesquero.
Además, Sánchez propondrá iniciar investigación contra los ‘naranjas’ Milagros Salazar y César Campos. La primera es cuestionada porque su sobrino Ezra Meléndez Salazar fue contratado en el Congreso, mientras Campos por supuestamente cobrarle cupos a sus propios empleados del despacho parlamentario.
La Comisión de Ética también pondrá al voto abrir o no una investigación contra el fujimorista Héctor Becerril, quien esta vez es acusado por sus comentarios homofóbicos que promueven la discriminación.
La denuncia la realizan varios colectivos LGBTI.
Actualmente Becerril es investigado por el grupo que dirige Sánchez por el presunto cobro de coimas a cambio de interceder a favor de una empresa en una licitación pública en Chiclayo.
Asimismo, el exfujimorista Clayton Galván, hoy de Cambio 21, fue denunciado ante Ética por un extrabajador, quien lo acusa de incumplir con los pagos. Este caso se pondrá al voto.
Por su parte, Sánchez rechazó los ataques en su contra por parte del fujimorismo y dijo que jamás aceptará chantajes de ningún tipo. Además, dijo que los chats “La Botika” demuestran que ella es incómoda para Fuerza Popular (ver página 6).
Durante las gestiones de Segundo Tapia y del evangélico Juan Carlos Gonzales, la Comisión de Ética fue duramente cuestionada por blindar a fujimoristas, la grosera defensa obligó a varios congresistas a exigir una recomposición y renunciar a dicho grupo de trabajo.
- Espíritu. El evangélico Juan Carlos Gonzales, con su voto dirimente, archivó una denuncia en Ética contra Yesenia Ponce, pues no encontró nada incriminador. Sánchez retomó el caso y recomendó 120 días de suspensión para ella.