Sucinto balance de la reforma agraria

Se invoca el fracaso económico de la reforma agraria con un argumento para descalificarla, convirtiéndola en la causa de todos los males del país. La crisis del agro reformado fue un hecho histórico que ha sido explicado por la alianza de dirigencias campesinas corruptas con la burocracia estatal, por errores de concepción, basados en malos diagnósticos, por falta de capacitación, ineptitud e inexperiencia de los campesinos, etc. Este diagnóstico debe matizarse.

Primero, la reforma agraria no creó la crisis del agro peruano; esta había comenzado décadas atrás. La reforma continuó un proceso de involución que hubiera proseguido igualmente sin reforma alguna.

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Segundo, el agro fue especialmente golpeado por la recesión de la economía peruana que se inició en 1974 y por los reiterados ajustes estructurales que se infligieron al país a partir de 1976, bajo el gobierno de Morales Bermúdez. Su impacto en la economía popular fue tan grande que desencadenó vastas movilizaciones populares, obligando al gobierno a declarar no solo la suspensión de las garantías constitucionales sino el estado de emergencia, el toque de queda, y hasta el estado de sitio -una medida habitualmente reservada para una situación de guerra- en Lima. La brutal elevación del precio del petróleo en el mercado mundial a partir de 1973 encareció fuertemente los fertilizantes, insecticidas y otros insumos.

En tercer lugar, en lo positivo, la reforma agraria allanó el camino para la modernización de las relaciones sociales de producción en el campo. La reforma fue seguida por un proceso de reconstitución de latifundios tan grandes o más que los existentes anteriormente, pero sobre nuevas bases, de carácter capitalista. La reforma agraria acabó con el latifundismo y la servidumbre en la sierra y con los resabios señoriales en el agro de la costa. Los hacendados costeños constituían una aristocracia con los atributos de endogamia y comensalidad, una pervivencia del ancien regime. Los nuevos latifundistas son capitalistas cuyo poder radica en el dinero. Sus explotaciones agrícolas reposan en el trabajo asalariado, no en la sujeción servil del campesinado. Son manejadas por sociedades anónimas y los pocos propietarios que llegan a ser conocidos por el gran público, como los Rodríguez Banda -dueños de la empresa lechera Gloria- son capitanes de industria, muy distantes de una aristocracia nobiliaria. Los dorados blasones han sido reemplazados por el frío capital.

La ley de reforma agraria contemplaba la redención de los bonos con que se pagaron las expropiaciones si estos eran invertidos en la industria. Familias como los Romero, Raffo y Brescia se acogieron a esa norma y transitaron de la condición de terratenientes rurales y urbanos a modernos empresarios industriales.

El impacto fundamental de la reforma agraria fue de carácter social. La liquidación del gamonalismo, la servidumbre y los resabios señoriales abrió el camino a la emancipación del campesinado y a su final incorporación, siglo y medio después de la Independencia, a la ciudadanía, un proceso que tuvo un hito fundamental en el levantamiento del veto al voto de los analfabetos, en la Constitución de 1979.

El alzamiento armado de Sendero Luminoso hubiera sido una tragedia aún peor de no haberse realizado la reforma agraria de 1969. Basta imaginar un escenario de guerra con gamonalismo y servidumbre, y con los siervos obligados a bajar la mirada, y besar los pies de sus patronos, como señal de acatamiento.