Piura. En cualquier momento se producirá un rompimiento en las relaciones entre la gobernación y el Consejo Regional (CR), porque la alta dirección hace caso omiso a los acuerdos aprobados por los consejeros de las diferentes bancadas.
De esta manera, el gobernador regional Servando García Correa no está dando cumplimiento a las normas emitidas. “No podemos permitir que los acuerdos, aprobados por mayoría, no sean tomados en cuenta o implementados por la máxima autoridad”, afirmó el presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, José Morey Requejo.
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Entre las recomendaciones de estos acuerdos regionales está el dejar sin efecto la designación de 12 funcionarios que no cumplen con los requisitos del Manual de Organización y Funciones (MOF), así como el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
Asimismo, la autoridad dejó de lado la propuesta de profesionales para las designaciones del secretario técnico de la Comisión Regional Anticorrupción, del jefe de la Oficina Anticorrupción y del secretario del Consejo Regional. Esta situación motivó que se haga una nueva evaluación de candidatos para esos cargos.
Morey sostuvo que se debe tener en cuenta que el Consejo es un ente normativo, pues emiten dispositivos legales para ser cumplidos a cabalidad.
“Si el gobernador no tiene la disposición de cumplir con los acuerdos aprobados por el hemiciclo regional, entonces generaría un divorcio o rompimiento con el Consejo”, enfatizó.
Aseveró que lo importante en esta gestión es sumar esfuerzos conjuntos, porque el Consejo también forma parte del gobierno regional. Y si el gobernador no lo cree de esta manera, se entenderá que no quiere coordinar con los consejeros.
El presidente de la Comisión de Fiscalización advirtió que si esta situación continúa ahondándose generará una crisis en la región. Además, se estarían presentando responsabilidades administrativas y penales de parte de la gobernación.
Y existe, anotó, la posibilidad de interponer denuncias, pero esperan la buena actitud de Servando García para dar cumplimiento a los acuerdos emitidos por los consejeros. De esta manera, Morey no descarta una acción legal ante este desacato.