Son tan parecidas las reacciones de César Hinostroza Pariachi y Pedro Chávarry: ambos se convirtieron en expertos en usar la ley para sacarle la vuelta a la justicia.,La prolongación de la crisis de la Fiscalía de la Nación por la negativa de su titular, Pedro Gonzalo Chávarry, a presentar su renuncia está funcionando como un acelerador de otras crisis. Chávarry ha demostrado que no se va a ir hasta que lo boten. Las grandes movilizaciones populares nacionales de repudio del 31 de diciembre y del 3 de enero le obligaron a retroceder y reponer a los fiscales Vela y Pérez en sus funciones. Al mismo tiempo anunció que ni mil marchas lo van a sacar del cargo. Chávarry se ha negado a aceptar el pedido unánime de la junta de fiscales supremos, que le demandaron su renuncia. Es impermeable a la autocrítica, y siempre encontrará otros a quienes responsabilizar: “La culpa es de la prensa, la culpa es de los caviares, la culpa es de la junta que no ha trabajado en equipo con él, hay una campaña”, narra la fiscal Zoraida Ávalos, a quien, para variar, Chávarry echó la culpa de la crisis, “por no haber callado al fiscal Pérez”. Chávarry está embarcado ahora en una guerra de guerrillas para desacatar el acuerdo del Colegio de Abogados de Lima de suspenderlo en el ejercicio de la abogacía por cuatro meses. La imagen que se transmite públicamente de los bandos que se han formado y de las escaramuzas jurídicas que desarrollan es aquella que alimenta los peores prejuicios contra los abogados: la imagen popular que los ve no como defensores de la justicia sino como parásitos dedicados a enmarrullar las cosas y defender lo indefendible. Chávarry se presenta –y hasta es probable que realmente se sienta así– como un mártir dispuesto a “entregar la vida” en defensa de la legalidad. Se siente líder legítimo de la justicia peruana porque se cumplieron los requisitos formales para que él llegara al cargo. Al parecer no tiene el menor peso para él que su elección se produjera con el voto de dos fiscales que están acusados por el caso los Cuellos Blancos del Puerto y con el suyo propio, estando también él acusado por el mismo caso, ni que se graduara plagiando las dos terceras partes de su tesis, ni que adulteraran los resultados de su evaluación para que ganara el concurso. Tampoco que esté acusado, nada menos que en la fiscalía que dirige, de formar parte de una banda criminal: los Cuellos Blancos del Puerto. Se cumplió con las formas y punto. La justicia no es su chifa. El síndrome Chávarry delata un problema de fondo del sistema jurídico peruano: buena parte de sus funcionarios considera que su función es hacer cumplir la ley, no buscar la justicia. Una mentalidad para la cual no se trata de dar la razón a quien la tiene sino a aquel que cumple con las demandas jurídicas formales, y estas pueden ser, y lo son, exprimidas, retorcidas y acomodadas a la conveniencia de quien tiene el manejo de los códigos del oficio y de quienes pueden pagar sus honorarios. Por eso son tan parecidas las reacciones de César Hinostroza Pariachi y Pedro Chávarry: ambos se convirtieron en expertos en usar la ley para sacarle la vuelta a la justicia y en tanto esta última no es su negocio se sorprenden de que no se acepte que estando legalmente cubiertos no hay nada que discutir. Los acontecimientos llevan hoy a una guerra abierta entre el fiscal Pérez y Chávarry. Éste fracasó en el objetivo encomendado por el Apra de hundir el acuerdo de la fiscalía con Odebrecht, pero ganó algo de tiempo. Pérez por su parte es consciente de que por el parlamento no hay éxito posible y ha optado por acelerar las investigaciones sobre los vínculos de Chávarry con los Cuellos Blancos del Puerto y con el caso lava jato. Parece un camino más prometedor. En el allanamiento de las oficinas de los asesores de Chávarry se incautaron papeles sobre el acuerdo de colaboración con Odebrecht, anotaciones sobre César Hinostroza y Walter Ríos, “presuntos cabecillas de Los Cuellos Blancos del Puerto, red criminal a la cual también se le vincula al titular del Ministerio Público”. Según Pérez, se observa allí un “clarísimo cuestionamiento al proceso de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht” (Convoca). El toque peruanísimo está en la ulterior manipulación del lacrado de una de las oficinas intervenidas por Pérez. ¡Qué suerte que las pruebas estén en Brasil, fuera del alcance de la mafia! A estas alturas el fujimorismo y especialmente el Apra están en capilla por las pruebas y declaraciones que están esperando en Brasil. Este es un momento decisivo y es necesaria la mayor vigilancia ciudadana.
