En la investigación de la organización criminal dentro del partido fujimorista la fiscalía cuenta ya con seis colaboradores eficaces y siete testigos protegidos.,Cuando hace pocos días Keiko Fujimori fue puesta en libertad declaró que sus 7 días de prisión fueron “un calvario”. No pensó así cuando condenó a cuatro años adicionales de prisión a su padre, al rechazar en 2014 la oferta de Ollanta Humala de ponerlo bajo arresto domiciliario. Los fujimoristas no tienen como principal virtud el perdón y este recuerdo envenena las posibilidades de “reunificación familiar” que ahora, llegada su hora oscura, propone Keiko. La decisión del presidente Vizcarra, de observar la ley creada con nombre propio por el parlamento para liberar a Alberto Fujimori, agravará la situación. Y las dificultades para reunificar la dinastía agudizarán la crisis del partido fujimorista. Fuerza Popular afronta el desbande. Importantes cuadros partidarios, amenazados con prisión por delitos diversos, deciden abandonar el barco y pasarse al bando jurídico-policial. En la investigación de la organización criminal dentro del partido fujimorista la fiscalía cuenta ya con seis colaboradores eficaces y siete testigos protegidos. La entrega a la fiscalía de los mensajes intercambiados entre los más importantes líderes fujimoristas en la lista “La Botica”, conspirando para intentar desprestigiar al fiscal José Domingo Pérez, muestra que está comprometido el núcleo central del partido. La momentánea detención de Keiko marcó el punto de inflexión a partir del cual empezó el desbande fujimorista y una orden de detención definitiva podría tener consecuencias incalculables. La tendencia es clara: son tiempos de desbandada. La representación política está profundamente distorsionada en nuestro país. El fujimorismo logró una mayoría aplastante en el Congreso gracias a la cifra repartidora, muy por encima de lo que era su real respaldo electoral. En las elecciones de 2016 recibió un 26% de los votos emitidos, pero estos le otorgaron 73 parlamentarios, un 56% del total del Congreso. Esa contundente mayoría fue usada no para encarar los problemas urgentes de país, sino para la infantil venganza de Keiko: asediar a PPK, anular sus iniciativas, deshacerse de los ministros que no le caían bien, conseguir que un complaciente presidente les entregara la dirección del Banco Central de Reserva, la Sunat, la Defensoría del Pueblo, para finalmente terminar deshaciéndose de él. Igual destino sufrió Kenji, cuando se volvió un fastidio por su empeño en liberar a Alberto Fujimori contra la opinión de Keiko. Internamente el fujimorismo es frágil: entre los parlamentarios electos en 2016 los militantes del partido constituían apenas el 15% mientras el 85% restante eran “invitados”, por lo general caudillos con arraigo local o regional incorporados en la lista fujimorista porque podían arrastrar votos. El fujimorismo no es un partido doctrinario capaz de generar lealtades ideológicas sino una organización que se mueve pragmáticamente en función de objetivos relativamente inmediatos: copar las instituciones, colocar sus cuadros en posiciones de poder, deshacerse de sus enemigos, defender a sus asociados de las investigaciones por conductas delincuenciales, lograr la presidencia el año 2021; una agenda propia, desentendida del país. Es fácil entender por qué terminaron desgastándose frente a la población. La omnipotencia terminó jugando en contra. En la elección de la actual mesa directiva del Congreso impusieron una lista 100% fujimorista: un alarde de poder que era al mismo tiempo una proclamación inconsciente de su completo aislamiento. Los resultados están a la vista. Daniel Salaverry, colocado por los fujimoristas como presidente de la mesa directiva, pide “licencia temporal” de la bancada. Pleitos de retaguardia: el fujimorismo termina aquejado de autismo precisamente cuando las investigaciones judiciales pueden diezmar la dirección. Keiko no sólo se ha liquidado como candidata para el 2021 sino tiene fuertes posibilidades de recibirlo en prisión. Las pruebas que ha enviado Odebrecht parecen sellar su destino. La detención de Keiko Fujimori tiene una enorme importancia simbólica: ha acabado con el mito de su invulnerabilidad. Si a ella la pusieron en prisión cualquiera está expuesto. Más gente se animará a acogerse a la colaboración eficaz, antes de terminar pagando por delitos propios y ajenos. ¿Es este el fin del fujimorismo? Alan García logró ser reelegido presidente en el 2006, luego de haber destruido el país entre 1985-90 y de acogerse a la prescripción de los delitos por los que estaba juzgado en el Poder Judicial. En el Perú no existen los cadáveres políticos. Pero la transición generacional va dejando en el recuerdo los méritos de don Alberto mientras queda en el presente la prosaica imagen de la crisis, la corrupción y el desbande. Sin acceso a las arcas del Estado para mantener el clientelismo una fuente importante de influencia entrará en crisis. Quedará el nombre, que de repente Kenji intente utilizar. Veamos con qué fortuna.
