El caso de las aportaciones falsas a la campaña de Keiko Fujimori comenzó con una investigación de La República publicada en 2011, hace más de 7 años.,No hay una fecha límite para las investigaciones periodísticas. Richard Nixon renunció a la presidencia dos años y dos meses después de que los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein descubrieron que tenía en la Casa Blanca un equipo clandestino de espías. Desde que Edmundo Cruz y sus compañeros de la revista Sí encontraron las tumbas con restos de los estudiantes y el profesor de La Cantuta, en 1993, hasta la condena de Alberto Fujimori, en 2009, transcurrieron 17 años. En 1995, el periodista argentino Daniel Santoro, del diario Clarín, reveló la responsabilidad del mandatario Carlos Menem en el contrabando de armas a Ecuador en plena guerra con Perú. En 2017, luego de 22 años, un tribunal ratificó la sentencia para el ex jefe de Estado y actual senador de Argentina. Respecto al ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre, las publicaciones sobre su implicación en el “gasolinazo” empezaron en 2007 y tuvieron que pasar más de 10 años para que un tribunal lo sancionase con 5 años y medio de cárcel. El caso de las aportaciones falsas a la campaña de Keiko Fujimori comenzó con una investigación de La República publicada en 2011, hace más de 7 años, y todavía queda mucho por escarbar. Por lo general, lo que suele prolongar una pesquisa periodística son los esfuerzos que despliegan los involucrados para evitar la acción de la justicia mediante sus operadores, por lo que los reporteros deben seguir excavando para obtener más y potentes evidencias y así impedir que el caso termine en las fauces del olvido, que es lo mismo que decir impunidad. Es lo que sucedió con el caso de la rifa trucha con la que el fujimorismo pretendió justificar 2 millones de soles. Este caso terminó vinculándose con los testimonios de pobladores de Nueva Cajamarca, Rioja, a quienes el congresista Rolando Reátegui les pidió firmar documentos en blanco que luego aparecieron como constancias de haber donado 5 mil dólares cada uno a la campaña de Keiko Fujimori en 2011. El fiscal José Domingo Pérez se encontraba en la fase final cuando IDL-Reporteros difundió los audios de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, en los que se escucha al operador Antonio Camayo gestionar con el juez supremo César Hinostroza un encuentro con la “Señora K”. Hinostroza debía resolver la casación que Keiko Fujimori interpuso para tratar de desactivar la investigación del fiscal Pérez. ¿El mandato de prisión preliminar para la jefaza de Fuerza Popular implica la conclusión de la investigación periodística? De ninguna manera, más bien se ha abierto un nuevo episodio que exige a los reporteros un trabajo más vigilante y constante, sin horario ni fecha en el calendario.
