Es muy improbable que el fujimorismo se atreva a negar la confianza porque esto sería un suicidio.,El mensaje a la Nación del presidente Vizcarra, anunciando que planteará al Congreso una cuestión de confianza para sacar adelante las reformas políticas y judiciales que permitan combatir la corrupción, ha redefinido abruptamente el escenario político. En lo inmediato ha parado en seco la ofensiva que el fujimorismo comenzaba a articular. Que el mensaje constituyó una sorpresa es evidente viendo la reacción desencajada de los voceros fujimoristas al escucharlo. Evidentemente creyeron que el presidente no se atrevería a plantear una cuestión de confianza cuyo rechazo podría provocar el cierre del Parlamento. Y la convocatoria que Vizcarra ha hecho para un pleno del Congreso para mañana miércoles, con la propuesta de reformas del Ejecutivo como único tema de agenda, ha acortado radicalmente los plazos. Los fujimoristas creyeron que podían dilatar indefinidamente el debate, enviar el referéndum hasta el siguiente año y alejarlo algo más con el receso parlamentario de verano. Son ilustrativos los 40 días que se tomaron sin hacer nada en el Parlamento y las declaraciones de Daniel Salaverry, opinando que las reformas políticas podían esperar hasta el 2021. Por eso mismo para Vizcarra la cuestión de los plazos es vital. Adicionalmente las simpatías que ha ganado podían diluirse si no tomaba acciones decididas. El acierto de su decisión se expresa bien en una frase ampliamente repetida en las redes sociales: “Al fin tenemos un presidente”. Es muy improbable que el fujimorismo se atreva a negar la confianza porque esto sería un suicidio. Contra lo que sus voceros afirman, el cierre del Congreso es perfectamente constitucional, de acuerdo al artículo 134 de la Constitución: “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente”. Esta medida fue incorporada en la Constitución de 1993 por los propios fujimoristas, para fortalecer la presidencia de Fujimori, y ahora se vuelve contra ellos. Un hipotético cierre del Congreso es respaldado hoy por cuatro de cada cinco peruanos, según las encuestas. Es probable que los fujimoristas intenten dilatar el trámite amparándose en leguleyadas, como recurrir a una norma que incorporaron en el reglamento del Congreso, que pretende limitar los temas sobre los cuales el Ejecutivo puede plantear una cuestión de confianza, cuando la norma constitucional no le pone ningún límite. Podrían ganar así unos días mientras el Tribunal Constitucional se pronuncia, pero tendrán que pagar el costo de un desprestigio aún mayor al que ahora tienen. El fujimorismo cosecha el aislamiento que fue cultivando esforzadamente a lo largo de estos años. Resulta gracioso oír a sus voceros acusando a Martín Vizcarra de “intolerante” y “prepotente” luego del ejemplo brindado por especímenes como Becerril, Alcorta, Bartra y Gallareta. En realidad Vizcarra busca restituir el equilibrio de poderes que el fujimorismo rompió una y otra vez, avasallando al débil e irresoluto gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El fujimorismo confía en que a fuerza de dilaciones se debilitará la indignación popular; ganar por cansancio. A Vizcarra le conviene acortar los plazos: la reciente encuesta de Ipsos muestra un 68% de respaldo a las reformas y al referéndum, y un apoyo del 80% al cierre del Congreso. Esta crisis no necesariamente cancela la posibilidad de futuros entendimientos entre el presidente y los fujimoristas; no hay que olvidar que, más allá de las diferencias políticas que los separan, el régimen de Vizcarra y el fujimorismo defienden el mismo modelo económico. Por eso las reformas jurídicas y políticas propuestas son buenas, pero son insuficientes. Esta es una crisis general del modelo económico neoliberal impuesto en los 90 y este no puede cancelarse sin ajustar cuentas con la Constitución fujimorista de 1993 que lo consagra. De ahí la necesidad de seguir bregando por una Asamblea Constituyente que funde un nuevo pacto social. En la coyuntura que se abre este será un partido que se jugará en tableros múltiples. El esperado desembalse de evidencias del caso Lava Jato seguirá alimentando los desesperados intentos del alanismo y el fujimorismo para seguir controlando el sistema de justicia y así asegurar su impunidad. Se abren posibilidades, pero hasta dónde pueda llegarse dependerá del compromiso de los peruanos; de su movilización y vigilancia consciente.
