Fuerza Popular quiere forzar una crisis de gobernabilidad.,Podría ser que en el Perú nos hayamos acostumbrado a que las relaciones entre los políticos estén cargadas de una gran agresión y que eso llegue a parecer normal, pero, si se presta atención a lo que dicen desde el gobierno y desde la oposición, lo más probable es que estemos en la antesala de un conflicto entre ambos que se podría resolver con alguna salida que implique un adelanto electoral según lo establecido en la constitución. Eso es lo que ha venido sosteniendo esta columna desde hace ya un buen tiempo en contraposición a las interpretaciones que están más cercanas a creer que la política en el Perú es violenta y que es un espacio en que el agravio inmediato o la amenaza fácil son una especie de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Por un lado, el presidente Martín Vizcarra sigue recorriendo el país inspeccionando el avance de obras regionales y en algunos casos inaugurándolas, pero sin dejar de hacer notar, en cada ciudad a la que va, la importancia de la reforma político-judicial, y cada vez de manera más crítica a la oposición a la misma de la bancada fujimorista. Anteayer en Tumbes, por ejemplo, el presidente Vizcarra dijo que “si la bancada fujimorista se opone al referéndum, se trataría de vengar del pueblo por falta de respaldo”. Lo hizo en respuesta a las decisiones de FP de postergar el debate de la reforma política e ir con la discusión de los cambios en el terreno judicial a un ritmo de tortuga que parece ser una expresión de falta de respeto de los congresistas mototaxistas. Mientras el presidente no se cansa de reiterar su incomodidad por la manera como el congreso de FP se opone a la reforma, emite mensajes en los que se puede concluir que, si esta situación continúa por unas cuantas semanas más, no dudará en plantear una cuestión de confianza al Congreso sobre sus propuestas de reforma, lo cual podría activar el proceso para su disolución constitucional. El fujimorismo, por su parte, actúa como si ese escenario lo tuviera sin cuidado y con declaraciones que sacan a relucir el peor estilo de matones que caracteriza a los voceros de Fuerza Popular, como Úrsula Letona, Luz Salgado, Héctor Becerril, Lourdes Alcorta y Alejandra Aramayo. Junto con esto, alistan las armas en complicidad con el fiscal de la nación Pedro Chávarry para lanzar acusaciones contra el presidente Vizcarra que parecen el preludio de un proceso de vacancia. El riesgo de una crisis de gobernabilidad forzada por FP aumenta cada día que pasa.
